La Comisión de Seguridad Integral recibió observaciones de Alberto Jara y Juan Pablo González, expertos en seguridad digital, de nacionalidad chilena, respecto a legislación comparada, para continuar con el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Protección Digital.
Los expertos expusieron puntos de contraste entre la naturaleza marco de la legislación chilena y el proyecto de ley tramitado en la Asamblea Nacional. “El primero cumple la función de orientar las acciones de las instituciones que forman parte del sistema de seguridad digital y el segundo regula las garantías fundamentales que el Estado brinda en esta materia”, coincidieron.
Además, “el perímetro regulador de la ley, en el caso ecuatoriano, abarca a todos los organismos del sector público o personas que realicen actividades en el ciberespacio, mientras que en Chile, el foco son únicamente los prestadores de servicios esenciales que realizan actividades relevantes para el ciberespacio nacional”, sostuvo Jara.
Otro punto destacado por los invitados fue la robustez del sistema punitivo administrativo en las dos normativas. Para los expertos, el proyecto de ley debatido por la comisión debe observar la gravedad de poner en riesgo la seguridad digital.
Propusieron crear, técnicamente, un esquema de sanciones leves, graves y gravísimas que, “en la ley chilena va desde los 36 mil dólares, hasta los 2 millones 600 mil dólares, mientras que en el proyecto ecuatoriano alcanza apenas los 9 mil”.
De su lado, González destacó la importancia de establecer mecanismos que garanticen la neutralidad tecnológica. “Así el Ecuador tendrá la libertad de elegir cualquier tipo de tecnología para su seguridad en el entorno digital. Este principio tiene vital importancia en el contexto geopolítico actual y el enfrentamiento entre potencias que podrían ejercer presión para excluir o elegir tecnología”.
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