La tarde de este martes, la Comisión de Seguridad continuó el tratamiento de la resolución sobre el presunto almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles. Durante la sesión, se recibieron comparecencias de delegados de varias instituciones para abordar esta problemática que afecta gravemente a la economía y la seguridad nacional.
Patricia Alexandra Tenemasa, representante del Ministerio de Energía y Minas, detalló las regulaciones y acciones en marcha, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, para combatir estas prácticas ilícitas.
Por su parte, el coronel Fernando Pérez, delegado del Ministerio del Interior, y Hugo Amores, jefe de Delitos Hidrocarburíferos, destacaron la aplicación normativa en caso de delitos en el sector de hidrocarburos y los tiempos de sanción establecidos.
Amores informó sobre los controles en todo el territorio nacional, subrayando que el transporte ilegal de combustibles afecta particularmente a las zonas fronterizas, la minería ilegal, la pesca artesanal y las perforaciones clandestinas de poliductos. Asimismo, presentó indicadores que reflejan un alarmante incremento de esta problemática entre 2023 y 2024.
Carlos Jaramillo, delegado del Servicio de Rentas Internas (SRI), explicó las sanciones y valores recaudados relacionados con las competencias de su institución. Mientras tanto, Franklin Lara, representante de Petroecuador, abordó el proceso de distribución de combustibles desde Esmeraldas y los esfuerzos para mitigar los impactos ambientales causados por perforaciones ilegales, que han mostrado un notable aumento este año.
El legislador Rafael Dávila cerró la sesión destacando la preocupación por el incremento de las perforaciones clandestinas en 2024, una problemática que compromete los intereses de todos los ecuatorianos.
SH
