Con relación a la desaparición de los niños Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, el Pleno del Parlamento, con 125 votos afirmativos, resolvió disponer a la Coordinación Jurídica de la Asamblea elabore y remita la "Petición de Acción Urgente" sobre el operativo militar en el sector de Las Malvinas, en Guayaquil, de conformidad con lo dispuesto en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Igualmente, se dispone a la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes inicie un proceso de fiscalización con respecto a la desaparición forzada de cuatro menores de edad al sur de Guayaquil, presuntamente ejecutada por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) durante un operativo militar, el 8 de diciembre de 2024; así como casos similares en los que presuntamente se encontrarían involucrados miembros de las fuerzas armadas. El organismo legislativo, en el plazo de 30 días, presentará el informe no vinculante para conocimiento del Pleno.
Previamente, escuchó al defensor del Pueblo, César Córdova; a Luis Arroyo, padre de dos de los menores desaparecidos y dos activistas de derechos humanos. El Defensor del Pueblo indicó que el 19 de diciembre, al conocer de estos hechos por redes sociales, se requirió información al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre las acciones o informes efectuadas para determinar la real intervención de los militares en el operativo de Las Malvinas; que se remitan los partes levantados con los nombres de quienes actuaron en estos hechos y las acciones emprendidas para esclarecer la presunta retención ilegal de los adolescentes y niños.
De su lado, Luis Arroyo, padre de dos de los menores desaparecidos, subrayó que como padres buscan respuestas, son ya 17 días en que no saben nada de ellos. “Queremos que regresen con vida, así como se los llevaron; estamos angustiados, dolidos, entristecidos y partidos por dentro ya que no tenemos respuesta alguna del Gobierno sobre lo que pasó con nuestros hijos”, subrayó.
Fernando Bastias, abogado de los padres de Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, aseguró que la Asamblea debe tomar en cuenta que esta desaparición forzada no es la única, son varias como se desprende de una investigación realizada por organismos de derechos humanos y son el resultado de una política que ha sido cuestionada por diversos sectores nacionales e internacionales y por la propia Corte Constitucional, que ha criticado el uso de la figura de conflicto armado interno.
Billy Navarrete, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, explicó que el jueves de la semana pasada recibió el caso de la desaparición de estos cuatro menores de edad. Para entonces habían pasado 13 días y habían clocado una denuncia en la Fiscalía, por cuenta propia. La funcionaria que estuvo a cargo de este caso, les dijo a estas familias que callen, que no digan nada. Dijo que hay evidencia de la actuación de elementos de las Fuerzas Armadas en este hecho.
En el debate, en el cual participaron cuatro asambleístas, tras varias expresiones de solidaridad, criticaron la ausencia de las autoridades del Frente Militar, ante este hecho que demuestra una política de represión del actual Gobierno, pues se evidencia un accionar racista en contra del pueblo afrodescendientes. Recordaron que Ecuador es suscriptor de todos los tratados internacionales de derechos humanos y el Estado tiene la obligación de respetarlos.
La presidenta del Legislativo, Viviana Veloz subrayó que este caso es un tema humano, que tiene que ver con el dolor de las familias de cuatro menores desaparecidos, que exigen respuesta de las autoridades. “Esta Presidencia de la Asamblea va a ejercer todas las acciones de control político en contra del Ministro de Defensa, para que responda a las familias de los menores desaparecidos, también activaremos todos los mecanismos internacionales en Derechos Humanos. Vivos se los llevaron y vivos los queremos, resaltó.
EG
