La Comisión de Fiscalización y Control Político tramitó nueve juicios políticos e investigó presuntos actos de corrupción como el manejo del sector eléctrico; los casos Metástasis; Purga; León de Troya; Poder Policial; la concesión del Puerto de Manta; el traspaso del Oleoducto para Crudos Pesados (OCP) al Estado ecuatoriano; las presuntas irregularidades en el proceso de selección del Defensor Público, así como la intermitencia del servicio de telefonía móvil e internet durante los apagones.
Juicios políticos
Luego de la muerte cruzada inició con el juicio contra Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social, por retirar el Bono de Desarrollo Humano a más de un centenar de beneficiarios en condición de vulnerabilidad. Luego, el juicio contra Fausto Murillo y José Morillo, expresidente y exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), respectivamente, por arrogación de funciones, tráfico de influencias y por incumplir la homologación salarial a los funcionales judiciales, como resultado ambos fueron censurados; y, Fausto Murillo fue destituido.
Después, siguió el proceso contra Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y Minas, por incumplimiento de funciones en el manejo de la crisis eléctrica, pues conocía las alertas sobre posibles efectos del estiaje que podrían llevar a un racionamiento de energía y no tomó acciones. Así mismo, la mesa tramitó el juicio político en contra del exministro del Interior, Juan Zapata, por la grave inseguridad en el país. Los dos exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso fueron censurados.
Posteriormente, sustanció el juicio en contra de Wilman Terán, Xavier Muñoz y Maribel Barreno, expresidente y exvocales del Consejo de la Judicatura (CJ), respectivamente, por las irregularidades en el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, la prórroga de otros magistrados y las decisiones arbitrarias de la mayoría del CJ. La comisión recomendó el juicio solo para Muñoz, no obstante, el Pleno resolvió que se continúe con el juicio contra Terán y Barreno. Solo Muñoz fue censurado.
Debido al retiro de firmas de respaldo por varios asambleístas, la Comisión de Fiscalización archivó las solicitudes de juicio político en contra de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración; Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; y, Pablo Arosemena, exministro de Economía, propuestas por las asambleístas Patricia Núñez; María Fernanda Araujo; e, Inés Alarcón, respectivamente.
Según el orden de ingreso de las solicitudes, los legisladores tramitaron la interpelación contra la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, por incumplimiento de funciones en la incursión policial en la Embajada de México en Quito y la captura del exvicepresidente de la República, Jorge Glas. No hubo votos para aprobar el informe, en consecuencia, el Pleno conoció los informes de posiciones de los miembros de la Comisión y archivó el proceso.
Luego, la comisión tramitó el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, por la incursión en la Embajada de México del 5 de abril de 2024, la falta de acción en seguridad, la ausencia del Plan Fénix, el aumento de muertes en el país y la falta de resultados efectivos. Tas concluir la sustanciación del proceso y la imposibilidad de aprobar el informe, la mesa remitió a la Presidencia las posiciones, junto con las actas y registros de votación. El 17 de octubre, el Pleno del Parlamento conoció el documento y resolvió llamar a juicio político a la ministra Palencia. La interpelación se desarrolló el 23 de octubre, pero no hubo votos para censurar y destituir a la funcionaria.
Después, el organismo tramitó el juicio político en contra de la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, por el inadecuado manejo de la crisis eléctrica en los primeros meses de gestión del presidente Noboa. La Comisión no logró emitir un informe y debió remitir las posiciones expresadas por sus integrantes. El Pleno resolvió dar paso al juicio contra Arrobo, dándole todas las garantías de seguridad. Sin embargo, Arrobo no asistió. El juicio siguió su curso y concluyó el 13 de diciembre con la censura de la exfuncionaria.
De igual forma, tramitó el juicio político en contra del consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Esteban Guarderas, por incumplimiento de funciones en la violación del deber de reserva y protección; abuso de poder y uso indebido de recursos públicos; tráfico de influencias, violación de independencia judicial; y, falsificación de firma. El 27 de diciembre, el Pleno aprobó su censura y destitución.
Investigaciones
La mesa fiscalizó la crisis del sector eléctrico, a fin de establecer responsabilidades, tanto del anterior, como del actual Gobierno. Uno de los informes responsabiliza políticamente a los expresidentes Lenin Moreno y Guillermo Lasso, así como a los exministros de Energía, Fernando Saltos Alvite y de Finanzas, Pablo Arosemena, por sus acciones u omisiones en este ámbito. El expediente fue remitido a la Contraloría General del Estado, a fin de que establezca las posibles responsabilidades civiles, administrativas y penales.
Así mismo, abordó las denuncias del teniente de Policía Rodney Orlando Rengel, quien fue uno de los agentes que investigaron el denominado caso “León de Troya”, en el cual se habrían descubierto presuntos vínculos de la mafia albanesa con el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Escuchó al director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Alan Sierra, quien indicó que la entidad se encarga de recopilar información; realizar reportes de operaciones inusuales e injustificadas; y, ejecutar políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos.
También investigó el denominado caso “La Purga”, por el cual la Fiscalía General del Estado desarrolló una serie de allanamientos, principalmente en Guayas. Allí se detuvo a varios jueces, actuales y exservidores del Consejo de la Judicatura (CJ) de esa jurisdicción, entre otros involucrados en presuntos actos de corrupción. Además, analizó los casos Metástasis, León de Troya y Poder Policial.
De igual manera, analizó el proceso de transferencia y entrega del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) al Estado ecuatoriano, una vez que se han cumplido los 20 años del plazo para la construcción y operación de esta importante infraestructura, establecidos en el respectivo contrato. Además, la comisión escuchó al presidente Ejecutivo de la Empresa Eléctrica del Norte (EMELNORTE), Robinson Mejía, quien explicó que desde el inicio de sus funciones no ha habido desvinculación de servidores, solo se han dado por concluidos los contratos temporales que cumplieron el plazo para el cual fueron suscritos.
A la vez, investigó el contrato de concesión celebrado entre la Terminal Portuaria de Manta y la empresa chilena Agencias Universales (Agunsa), en torno a presuntos perjuicios en contra del Estado ecuatoriano. Igualmente, escuchó a Johanna Verdezoto, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, (CPCCS), entre otros actores, en torno a las denuncias que presuntamente pondrían en entredicho la transparencia del proceso de selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública.
Como parte del trabajo en territorio, escuchó a los diversos sectores productivos y sociales de Galápagos, quienes expusieron los problemas que afronta la Región Insular.
En otro orden, recibió a la activista Nelly Schettini y al exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, respecto a las publicaciones en medios de prensa y redes sociales relacionadas con las supuestas conversaciones entre la Fiscal General del Estado y el exlegislador Fernando Villavicencio (+). Citaron otros temas como la protección al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo; entrega de expedientes reservados al exlegislador; diálogos sobre la Presidencia de la Comisión de Fiscalización; crisis de la Contraloría General del Estado; entre otros.
También recibieron a las autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) y de la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) para que informen sobre las acciones desarrolladas para que las operadoras de telefonía móvil y del servicio de datos compensen a los usuarios por las intermitencias del sistema y la falta de señal, producto de los racionamientos de energía que soportó el país el año pasado.
EG
