La Comisión Ocasional para el tratamiento de reforma a los artículos 110 y 115 de la Constitución inició con la etapa de comparecencias para conocer el contexto de la presentación del proyecto de reforma por parte del Presidente de la República, que busca eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas.
Para ello, la mesa ocasional recibió a la coordinadora general de Asesoría Jurídica del Ministro de Economía y Finanzas, Érika Segura, quien precisó que los partidos políticos tienen financiamiento de dos fuentes, la privada y la pública.
La abogada del Ministerio de Finanzas informó la asignación del Presupuesto General del Estado, desde el 2013 al 2023, que asciende a una suma aproximada de 95 millones de dólares, por concepto de promoción electoral.
Esta información fue ampliada por director de Consistencia Presupuestaria, Byron Zuñiga, respecto al cálculo de las asignaciones para el fondo partidario permanente y fondo de promoción electoral. Informó que, desde el 2008 al 2023, la suma de los dos rubros llegaría aproximadamente a 200 millones de dólares, desglosado en 40 millones de fondo partidario y 160 millones de promoción electoral; sin embargo, “no hay un valor exacto per se”, precisó.
Los asambleístas consultaron el porcentaje que significa considerando el Presupuesto General del Estado, que sería el 0,01 %, la forma de entrega de los recursos públicos, los mecanismos de liquidación, entre otros aspectos.
Entre tanto, en representación de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el abogado Pedro Alarcón recordó que según el artículo 44 del Reglamento a la Ley de Prevención de Lavado de Activos en Ecuador establece que ciertos cargos públicos son considerados personas expuestas políticamente (PEP). Actualmente, los partidos políticos son sujetos obligados a reportar a la UAFE.
Hay 17 organizaciones políticas con obligación de reportes. Ante las preguntas en la comisión, el abogado añadió que la UAFE no puede sancionar a las organizaciones políticas por ilicitud de recursos, solo sanciona por la falta de reportes. Tampoco hay envío de casos, por este motivo, a la Fiscalía.
La comisión ocasional, además, conoció la posición de los expertos en materia electoral. El doctor Daniel Jácome subrayó que lo único importante de la propuesta de reforma parcial a la Constitución es la decisión de la ciudadanía para que las organizaciones políticas continúen o no con el financiamiento de los fondos partidario y de promoción electoral.
Entre tanto, Andrés Espinosa tuvo un posición distinta en el sentido de que al reformarse tales artículos 110 y 115 de la Constitución daría lugar a que “las grandes chequeras disputen el poder, será una competencia entre élites”, sin posibilidad que otros actores pueden exponer su propuestas. “Las organizaciones políticas podrían tener una dependencia financiera con la ilicitud”, advirtió.
AM
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