Este miércoles, la Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte inició el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica que Regula el Derecho a la Reproducción Humana Asistida en el Ecuador con la argumentación de César Córdova, defensor del Pueblo (e), quien subrayó que el objetivo es garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva, y regular las técnicas de reproducción asistida con seguridad, eficiencia y respeto a los derechos humanos.
Dijo que la propuesta de ley responde a la sentencia de la Corte Constitucional, la cual dispuso que se adopten las disposiciones legales necesarias para los procedimientos médicos de reproducción asistida.
Por ello, busca garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso, la protección del derecho a la identidad y la nacionalidad de los niños, la promoción de la igualdad y la no discriminación, y el reconocimiento de las familias diversas, siempre priorizando el interés superior del niño.
El funcionario aseguró que la Ley es esencial para garantizar el derecho de las personas a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida reproductiva; y, al establecer un marco jurídico claro se asegura que todas las personas, independientemente de su género, orientación sexual, estado civil o situación económica, puedan acceder a estas tecnologías en igualdad de condiciones.
Recordó que el 20 % de las mujeres tienen dificultad para procrear, que es un problema de salud, no solo físico, sino mental y sobre todo al interior de las familias, por lo que se quiere reglamentar y normar una situación que se vive en el día a día. Las clínicas de fertilidad del país necesitan estar en orden y normadas, a fin de que las mujeres que requieran sus servicios puedan procrear con distintos métodos científicos que se requiere para estos casos, agregó.
Entre los efectos jurídicos mencionó que los donantes de gametos o embriones no tendrán derecho ni obligaciones legales sobre la persona nacida a través de la reproducción humana asistida; su identidad se mantendrá bajo anonimato y confidencialidad, salvo cuando sea necesario revelarla por razones de salud o con el fin de garantizar el derecho de la persona a conocer su origen.
Los legisladores felicitaron el abordaje del proyecto. La vicepresidenta de la Comisión, Ana Herrera dijo que la propuesta les motiva para reglar y normar un aspecto importante que garantiza derechos a madres y niños; preguntó sobre el anonimato de los donantes y la afiliación parental.
Humberto Tapia destacó la importancia de la herramienta, no obstante, consideró que la lectura debe ser más amplia toda vez que es un problema de salud pública y no de la mujer. Que pasa con los vientres de alquiler y la humanización de los animales preguntó el asambleísta Juan Carlos Rosero. Geovanny Benítez consultó sobre legislación comparada en la materia. Marcelo Achi, se sumó en la discusión de temas importantes y cuestionó si la sociedad está preparada para enfrentar estos aspectos sensibles. Carmen Andagana se refirió en el impacto del tema en la interculturalidad.
La propuesta fue elaborada por la Defensoría del Pueblo en coordinación con el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y con cooperación de actores institucionales públicos, la academia y organizaciones de sociedad civil.
La comisión aprobó la memoria técnica y la línea de tiempo para su tratamiento; en la segunda semana de marzo recibirá insumos de los actores sociales, públicos, privados y académicas; en la tercera y cuarta, la ejecución del mecanismo de participación ciudadana con aportes al proyecto (comisiones generales y comparecencias); y, se estima que el informe para primer debate esté listo en la segunda semana de abril.
RSA
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