La Comisión Ocasional que trata el proyecto de reforma a los artículos 110 y 115 de la Constitución, sobre la eliminación del financiamiento estatal a las organizaciones políticas, recibió criterios al respecto del representante del partido político Unidad Popular, Geovanni Atarihuana y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint.
Para Atarihuana, la iniciativa propuesta por el Presidente de la República es “profundamente antidemocrática y una regresión en los derechos adquiridos de participación, asociación, a la vez que fomenta la discriminación por razones económicas en búsqueda de consagrar un Estado oligárquico carente de pesos y contrapesos y sin equidad para elegir y ser elegidos”.
“Un Estado donde el poder político esté concentrado en una minoría económica para gobernar en función de sus intereses atentaría contra el derecho de organización ciudadana y soberanía popular”, dijo. A su criterio, los partidos, movimientos y organizaciones políticas son una expresión del pluralismo y de diferentes y legítimas visiones de país, “un instrumento irremplazable de la democracia que necesita ser fortalecido y no mermado”.
También argumentó que, “de eliminarse el financiamiento público a las organizaciones políticas, las grandes empresas, chequeras, capitales extranjeros, e inclusive el narcotráfico, serían los únicos capaces de financiar las campañas, para luego ser favorecidos en sus intereses particulares”.
Por otro lado, la autoridad electoral, Diana Atamaint, brindó criterios técnicos al respecto de lo analizado. Informó que, actualmente el Estado otorga financiamiento a las organizaciones políticas en dos rubros, promoción electoral; y, funcionamiento y operatividad.
“El 70 % del presupuesto otorgado para el funcionamiento de las organizaciones políticas debe ser usado en capacitación y formación de jóvenes y mujeres, tanto como en la promoción de su participación política, mientras que el 30 % restante debe usarse en gastos administrativos”, señaló.
Detalló que, “se han realizado controles al gasto adecuado de estos rubros con mecanismos y procedimientos especializados y se ha sancionado, mediante informes de Contraloría, por su mal uso, a dos organizaciones políticas”.
Respecto a la promoción electoral, recomendó a la comisión fortalecer los límites o techos máximos de gasto. A decir de la autoridad, no establecer candados en este tipo de gasto perpetúa condiciones desiguales en la participación política, por lo que es fundamental no perder de vista que la campaña electoral tiene por fin garantizar el derecho de los ciudadanos de tener un voto responsable e informado.
CV
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