La Comisión de Participación Ciudadana escuchó a Samantha Vasco, médico posgradista, quien expuso la vulneración de derechos que atraviesa esta población en su práctica profesional.
Vasco señaló que, “el sistema actual prioriza el cumplimiento de una carga horaria de 256 horas mensuales, por sobre el bienestar físico y emocional de las y los médicos, que a pesar de esta carga no se encuentran afiliados al sistema de Seguridad Social”.
La situación se agrava si se considera, además de la carga laboral, las extensas horas de formación académica, que dan como resultado profesionales médicos al borde del colapso, atendiendo a pacientes que dependen de ellos, señaló.
De forma particular, mencionó las dificultades que enfrentan las doctoras posgradistas para acceder a licencias por lactancia, e impedimentos de decidir sobre su maternidad, al enfrentar presiones para abandonar su especialidad, o tratos discriminatorios sobre valía profesional.
Por lo expuesto, Vasco solicitó la intervención de las autoridades en una nueva distribución horaria, rol materno, de así decidirlo y condiciones laborales, que les permitan desarrollarse de forma digna y sin comprometer la salud.
ranklin Samaniego y Patricio Chávez, legisladores de la comisión, coincidieron en que existen vacíos en los contratos que asumen los médicos en formación, ya que, pese a prestar un servicio esencial, no cuentan con seguridad social y deben cubrir estos costos de manera personal. Vasco agregó que, “los pagos de becas se atrasan hasta seis meses, lo que impide que los médicos posgradistas puedan estar al día en sus aportes al seguro social”.
Por su parte, el presidente del Consejo de Educación Superior (CES), Pablo Beltrán, informó sobre la conformación de una mesa interinstitucional que tendrá como objetivo revisar la situación de los médicos posgradistas y proponer mejoras en su formación académica. Además, señaló que el CES está revisando la normativa relacionada con el desarrollo profesional en el sector de la salud para garantizar condiciones adecuadas en su ejercicio.
En otro orden, Miguel Yépez, viceministro de Economía; y, Pablo Beltrán, presidente del Consejo de Educación Superior, dieron observaciones en el marco de la fiscalización al Programa de Becas “Futuro Femenino 2024”.
Yépez afirmó que, el programa “Futuro Femenino”, impulsado por la Senescyt, cuenta con un presupuesto total de 80 millones de dólares para el período 2024-2026. Sin embargo, al ser consultado sobre la ejecución de las becas de 2024, indicó que, de los 32 millones asignados, solo 14.5 millones han sido comprometidos en contratos suscritos hasta el momento.
Al respecto, el legislador Franklin Samaniego pidió al CES dar seguimiento a los casos de irregularidades en las becas de 2024. En respuesta, Beltrán indicó que el aspecto financiero es responsabilidad de la Función Ejecutiva, específicamente de la Senescyt y no del CES. Sin embargo, afirmó que el Consejo sí tiene la facultad de fiscalizar discrepancias en los contratos de los becarios y que trabajarán en el monitoreo de su adecuado desarrollo.
La Comisión de Participación Ciudadana continuará con el proceso de fiscalización para garantizar el cumplimiento de los derechos de los médicos posgradistas y la correcta ejecución de los programas de becas, aseguró el presidente de la mesa al clausurar la sesión.
NG
