En el marco del proceso de fiscalización de los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes recibió en comisión general a Patricio Galiano, subsecretario de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito y la Violencia, delegado del Ministerio del Interior, quien presentó un informe detallado sobre las acciones implementadas para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en el país.
Durante su intervención, Galiano resaltó la necesidad de establecer una política de Estado permanente para erradicar la violencia infantil. Entre las estrategias implementadas destacó la elaboración de una política pública para prevenir el reclutamiento infantil en actividades delictivas y la implementación del proyecto Centros Cívicos por la Vida y la Paz, espacios comunitarios seguros para la protección de la niñez y la prevención de la violencia. Actualmente, se ejecuta un plan piloto en Manta, con planes de expansión a otras zonas a nivel nacional.
Además enfatizó que el reclutamiento infantil es una amenaza a la seguridad pública y nacional, por lo que se han fortalecido estrategias de prevención del delito, señalando que entre mayo de 2024 y enero de 2025, se realizaron más de 27 000 actividades en territorios priorizados, incluyendo operativos policiales en exteriores de escuelas, capacitaciones a brigadas de seguridad escolar, caminatas participativas para la identificación de riesgos y jornadas de sensibilización con Paquito Policía.
“La presencia policial en centros educativos genera un efecto disuasivo y previene el delito, por lo que buscamos fortalecer valores en los estudiantes para que no idealicen a grupos delictivos por falta de una presencia estatal efectiva”, señaló.
Proyecto de Ley sobre registro de concebidos no nacidos
En otro orden, la mesa legislativa recibió en comisión general a Virginia Gómez y Sonia Ariza, representantes de la Fundación Desafío, quienes presentaron observaciones al proyecto de Ley para el Registro de Defunciones de Concebidos No Nacidos.
Virginia Gómez expresó su preocupación por los riesgos que esta normativa podría representar para los derechos reproductivos de las mujeres, señalando que otorgar personería jurídica a un óvulo fecundado, embrión o feto podría contravenir la Constitución y leyes vigentes. Por lo que, enfatizó la necesidad de fortalecer la atención sanitaria para quienes enfrentan pérdidas gestacionales, en lugar de modificar el Registro Civil.
Por su parte, Sonia Ariza señaló inconsistencias técnicas en el proyecto, indicando que, si bien se fundamenta en normativas sobre duelo perinatal, su articulado no refleja este propósito. “Es clave diferenciar entre pérdidas gestacionales involuntarias e interrupciones voluntarias del embarazo para no afectar la autonomía reproductiva”, subrayó. En este sentido, ambas expertas solicitaron el archivo del proyecto y el fortalecimiento de políticas públicas en salud.
MEV
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