La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social continuó, este lunes, con el proceso de fiscalización sobre las acciones de reparación y restauración tras el derrame de petróleo, ocurrido el pasado 13 de marzo, en el sector El Vergel, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. El hecho ha causado graves afectaciones al ecosistema, a la población local y ha generado pérdidas económicas significativas para el país.
En este marco, la mesa legislativa convocó a actores sociales, representantes de medios de comunicación y autoridades del Estado. Sin embargo, se registró la ausencia de los ministros de Estado convocados, lo que generó preocupación entre los legisladores.
Durante la sesión, en comisión general, compareció Bryan Espinosa, periodista de Radio Pichincha, quien presentó un video con testimonios de mujeres desplazadas por el fuerte olor y los efectos en la salud, principalmente en mujeres, lactantes y adultos mayores que permanecen en albergues comunitarios. También denunció la falta de fichas técnicas que respalden la entrega de bonos como mecanismo de reparación.
Asimismo, Diego Neira, abogado ambientalista del recinto Puerto Madero, enfatizó la necesidad de reformas legislativas en materia ambiental y manifestó que la reparación debe ser integral, con participación de las víctimas y vigilancia ciudadana. Neira insistió en la aplicación del principio “quien contamina, paga”, conforme a la legislación ecuatoriana, y exhortó a que se inicien procesos administrativos y judiciales contra la empresa responsable.
El presidente de la Comisión, Patricio Chávez, lamentó la inasistencia de las autoridades convocadas y resaltó: “Hemos sido testigos de la indiferencia inaceptable de los ministros de Estado ante cientos de familias afectadas. Vamos a proceder con los informes respectivos y propondremos al Pleno de la Asamblea Nacional las medidas pertinentes. La reparación en Esmeraldas debe ser una realidad. La transparencia no se suplica”.
La Comisión de Participación continuará con el proceso de fiscalización y exigirá respuestas claras y responsables por parte de las entidades competentes.
SH
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