El Pleno de la Asamblea Nacional, con 92 votos afirmativos, aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, una normativa que fortalece el marco legal para el desarrollo y modernización del sector de las telecomunicaciones en el país, marcando así un hito en la agenda legislativa con la aprobación de 56 leyes en el actual período.
Entre los principales cambios introducidos en la reforma se encuentra la modificación del artículo 39, que establece un régimen claro de autorización para la prestación de servicios por parte de empresas públicas, bajo supervisión de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL).
Así mismo, se incorpora una nueva redacción del artículo 91, que prioriza la inversión del 1 % de la facturación de las operadoras en proyectos destinados a mejorar la conectividad en zonas rurales, urbano marginales y de frontera. Y establece un nuevo artículo 116.1, que define los plazos de prescripción en el ejercicio de la potestad sancionadora, fortaleciendo así la seguridad jurídica del sistema regulatorio.
En el debate, el asambleísta Jorge Acaiturri, ponente del informe, destacó que estas reformas no son simples ajustes técnicos, sino un verdadero cambio estructural. “Más de 1.7 millones de hogares ecuatorianos no tienen acceso a internet, por lo que esta ley permitirá canalizar recursos de forma directa, eliminar trabas burocráticas y priorizar proyectos en los sectores históricamente excluidos”.
Explicó que, con esta ley, las operadoras podrán invertir directamente en infraestructura de conectividad, con la autorización de ARCOTEL, lo que reducirá tiempos de ejecución y aumentará el impacto social. Por lo que recalcó la importancia de transparentar el uso de los fondos, asegurar una inversión educativa cuando los recursos no sean ejecutados y fortalecer la seguridad jurídica del sistema sancionatorio.
De su lado, el legislador Jaime Guevara resaltó el impacto transformador de esta normativa. “Esta ley no se trata solo de cables, antenas y frecuencias, sino de derechos, de educación, salud y trabajo, de cerrar la brecha digital que ha separado durante décadas a millones de compatriotas del desarrollo nacional”.
En este sentido, señaló que la ley permitirá eliminar la burocracia que ha impedido el crecimiento del servicio en zonas alejadas, y llamó a verla como una herramienta de justicia social. “Hoy tenemos la oportunidad de saldar una deuda histórica con el Ecuador profundo; con esta reforma conecta al país real con las oportunidades del siglo XXI”.
Finalmente, la asambleísta Valentina Centeno reafirmó su respaldo a la normativa, recalcando su enfoque humano y territorial. “En pleno siglo XXI, el acceso a internet no es un privilegio, es un derecho; hoy legislamos para conectar esperanzas, cerrar brechas y construir un país más inclusivo”.
MEV
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