La Comisión de Desarrollo Económico aprobó, con 9 votos afirmativos, el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias, resultado de la unificación de diez iniciativas legislativas presentadas en esta materia, que abordan de manera integral el marco legal vigente, respondiendo a los nuevos desafíos que plantea la economía digital y las dinámicas actuales del mercado.
Durante el análisis del articulado, el equipo asesor de la mesa legislativa resaltó que existió un amplio consenso técnico y político sobre la urgencia de reformar la actual Ley de Defensa del Consumidor, vigente desde hace más de veinte años. Destacó que legisladores y expertos coincidieron en que dicha normativa ha quedado rezagada frente a fenómenos como el comercio electrónico, el uso intensivo de plataformas digitales y la evolución de los modelos de consumo.
En este sentido, señaló que la propuesta de reforma busca, entre otros objetivos, la regulación expresa del comercio electrónico y las plataformas digitales, la creación de un sistema sancionatorio específico en materia de protección al consumidor, el fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo y el establecimiento de vías más ágiles y efectivas para el ejercicio y defensa de los derechos de los consumidores.
Además, plantea obligaciones claras para los productores respecto a la información que deben entregar al consumidor, como el contenido nutricional y la presencia de componentes como transgénicos. Así mismo, establece reglas específicas sobre cómo debe presentarse esta información, especialmente cuando se dirige a grupos de atención prioritaria, como niños, niñas y adolescentes.
Economía naranja
La mesa legislativa también debatió el informe para primer debate del proyecto de Ley de Economía Naranja, iniciativa orientada a fortalecer la industria cultural, especialmente la cinematográfica, como motor de desarrollo económico, turístico y cultural para el país.
Durante la sesión, la asambleísta Katiuska Miranda destacó la importancia de incorporar un enfoque descentralizado en la normativa, que permita a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) acceder a recursos y programas para potenciar la cultura desde los territorios, resaltando experiencias como el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja y la Fiesta de la Luz en Quito. Además, hizo énfasis en la necesidad de promover contenidos audiovisuales saludables y representativos de la diversidad cultural ecuatoriana.
Por su parte, el asambleísta Jorge Acaiturri planteó que los incentivos previstos en el proyecto deben estar condicionados a producciones realmente ejecutadas en el Ecuador, para evitar que productoras extranjeras simulen operar en el país mientras graban en otras jurisdicciones con menores costos, afectando a la industria nacional.
En la misma línea, el asambleísta Douglas Morales propuso incluir nuevas formas de producción audiovisual, como contenidos breves y seriados para plataformas digitales, formatos que, según indicó, son ampliamente consumidos por jóvenes y forman parte del ecosistema cultural actual.
En este sentido, frente a los aportes presentados por los legisladores y otros miembros de la mesa, el presidente de la Comisión, Blasco Luna, resolvió suspender el tratamiento del punto, con el objetivo de abrir un espacio de escucha a nuevas delegaciones y profundizar el análisis del proyecto.
“Estamos ante una iniciativa con gran potencial estratégico para el país, que requiere un debate más amplio y plural. Actuemos con responsabilidad, ampliemos la participación y construyamos una ley que refleje la diversidad y riqueza del sector cultural ecuatoriano”, expresó.
MEV
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