Con ocho votos a favor, la Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el informe no vinculante respecto a la información anual de labores presentada por el contralor general del Estado, Mauricio Torres, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La mesa legislativa concluyó que el informe anual de labores del Contralor cumple con la obligación legal y constitucional; expone la gestión relevante; grado de cumplimiento de metas; resultados; y, se determinan las acciones de la institución de control.
La Comisión de Garantías Constitucionales, durante el plazo legal, analizó la información presentada; además, invitó al Contralor General del Estado para que amplíe la explicación de los temas de interés de los comisionados.
Lo aprobado por el organismo legislativo será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que, en lo posterior, en un solo debate, el Pleno se pronuncie sobre el informe presentado por la autoridad de control.
Caso Furukawa
En otro punto de la agenda, la Comisión de Garantías Constitucionales conoció y aprobó, con ocho votos, el informe no vinculante de seguimiento y fiscalización del Caso Furukawa.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, Paola Cabezas, recordó la vulneración de múltiples derechos en la hacienda Furukawa, así como las responsabilidades institucionales. En el caso de la Asamblea Nacional, se han presentado dos propuestas legales contra la trata de personas y una reforma al Código de Trabajo.
El informe concluyó que este caso representa uno de los episodios más graves de vulneración de derechos humanos, laborales y sociales en la historia reciente del Ecuador. Pues, a lo largo de las décadas, personas en situación de extrema vulnerabilidad, varias de ellas afrodescendientes, fueron sometidas a condiciones indignas de trabajo, de vida y de trato, bajo un sistema que operó con total naturalidad pese a los evidentes abusos.
Por lo que recomendó enfocar la regulación en el ámbito laboral, considerando que existe un régimen que regula la precarización laboral, los contratos de trabajo, las relaciones laborales, la explotación laboral, así como la tercerización y subcontratación de trabajadores. Además, que se mantenga la vigencia de las causales de terminación de arrendamientos rurales, que constan en la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. También remitir el informe a varias instituciones, como la Defensoría Pública.
AM
