En cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Constitucional en el caso Furukawa, la asambleísta nacional Paola Cabezas, junto al Comité de Solidaridad “Furukawa Nunca Más”, presentó dos proyectos de ley orientados a prevenir y erradicar la esclavitud moderna y otras formas contemporáneas de explotación laboral en el país.
“Este es un día histórico, luego de más de 60 años de explotación sistemática, en que Furukawa sometió a miles de personas a condiciones de esclavitud moderna, la Asamblea Nacional está cumpliendo con su responsabilidad institucional”, afirmó. La legisladora destacó que, aunque entre 250 y 300 personas fueron reconocidas como víctimas directas en la sentencia, el caso evidenció graves deficiencias estructurales en la protección de los derechos humanos por parte del Estado ecuatoriano.
En este marco, y tras el proceso de fiscalización iniciado en 2021 y retomado por la Comisión de Derechos Colectivos, presentó dos iniciativas legislativas: el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes; y, el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código del Trabajo.
Ambas propuestas, subrayó, no representan un incremento en el gasto público, pero sí otorgan herramientas normativas y operativas a diversas instituciones del Estado para prevenir, detectar y sancionar la esclavitud moderna y otras prácticas laborales ilegales.
Reformas al Código de Trabajo
Entre tanto, el proyecto de reforma al Código del Trabajo propone la garantía de condiciones laborales libres de discriminación, la prohibición expresa del trabajo infantil en condiciones de explotación, el fortalecimiento del sistema de inspección laboral, la modernización de modalidades de inspección, la ampliación de atribuciones de los inspectores del trabajo y el régimen claro de responsabilidades y sanciones.
Además, la iniciativa incluye disposiciones transitorias para que los inspectores laborales sean capacitados integralmente en un plazo máximo de un año, y para que los empleadores regularicen las condiciones de precariedad laboral existentes.
Trata de personas
El segundo proyecto, que reforma la Ley contra la Trata de Personas, plantea la ampliación de competencias institucionales, la prevención en el ámbito laboral y detección de redes de trata, la intervención comunitaria y fortalecimiento del equipo de casos y la actualización obligatoria de protocolos en un plazo de 120 días.
Para finalizar, la asambleísta enfatizó la necesidad de que la Policía Nacional acompañe a los inspectores del trabajo en las inspecciones a fincas y plantaciones, donde se ha identificado mayor riesgo de explotación laboral. “Nosotros estamos cumpliendo como Asamblea, y seguiremos insistiendo, incluso en la siguiente legislatura, para que estos luchadores, estos guerreros, reciban la justicia y reparación que merecen”, concluyó.
MEV
