El Pleno de la Asamblea, este miércoles 7 de mayo, con 71 votos afirmativos, aprobó el tercer informe sobre el cumplimiento de la resolución de la Asamblea en torno a la fiscalización del sistema de acogimiento institucional de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, por el cual, entre otros aspectos, determina que la casa de acogida Enríquez Gallo presenta falencias estructurales que ponen en riesgo el ejercicio conjunto de los derechos de los adolescentes con medida de acogimiento institucional.
Pierina Correa, presidenta de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes y ponente del informe, subrayó que los miembros del organismo realizaron visitas a distintas casas de acogida en varias provincias del país y de allí surgieron las conclusiones y recomendaciones presentadas, por ejemplo, que existen problemas de improvisación de las casas de acogida, razón por la cual se requiere de personal especializado en atención a niñas, niños y adolescentes.
A criterio de la mesa legislativa, existe alta rotación del equipo técnico de la Unidad de Acogimiento, lo cual pone en riesgo el ejercicio de los derechos de los adolescentes en acogimiento, en el caso de la Casa Hogar Enríquez Gallo por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Por ello, se exhorta a esta Secretaría de Estado a que implemente un “programa de intervención emergente de la casa Hogar Enríquez Gallo” que cuente con el acompañamiento externo de un equipo técnico especializado que colabore con los niños, adolescentes y familias atendidas en dicha institución.
Durante el debate, en el cual intervinieron cuatro legisladores, se alertó acerca de la serie de vulneraciones a las que estarían expuestos los niños, niñas y adolescentes en las casas de acogida regentadas por el MIES, lo cual requiere de acciones inmediatas para mejorar las condiciones de vida de quienes son el presente y el futuro de nuestro país y merecen una atención digna.
En el informe se dispone a la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes continuar con este proceso de fiscalización y notificar a los ministerios de Inclusión Económica y Social; y de Salud Pública; al Consejo de la Judicatura; Fiscalía General; Defensoría del Pueblo; Defensoría Pública; y, al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, a fin de que acojan las recomendaciones dadas y fortalezcan las acciones para el respeto y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional.
EG
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