El asambleísta Santiago Aguilar presentó el proyecto de Ley Orgánica al Derecho a la Ciudad y Derechos Humanos, una propuesta normativa que busca garantizar el acceso equitativo a los beneficios de la vida urbana, promoviendo una ciudad inclusiva, sostenible y respetuosa de los derechos humanos, conforme al artículo 31 de la Constitución; así como el proyecto de Ley de Cultura para fortalecer derechos en contextos urbanos.
La primera iniciativa establece un marco legal e institucional que complementa lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, y que permitirá avanzar hacia una gestión democrática del territorio. Entre sus principales objetivos están el acceso universal a servicios públicos básicos, vivienda digna, espacio público de calidad y transporte sostenible, además del fortalecimiento de la participación ciudadana en la planificación urbana.
La ley también incorpora el modelo de Operaciones Urbanas Integrales (OUI) como una herramienta para la regeneración urbana con enfoque participativo y ambientalmente responsable. Así mismo, reconoce a la persona como el centro de la acción pública urbana, prohíbe la discriminación territorial y promueve la producción social del hábitat.
Uno de los avances más relevantes de esta ley es la priorización de los asentamientos de hecho en la provisión de servicios básicos como agua potable, saneamiento y salud, independientemente de su situación legal, garantizando el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales. Además, se establecen mecanismos de participación como asambleas ciudadanas, veedurías, presupuestos participativos y consultas públicas, que reforzarán la corresponsabilidad en la gestión urbana y fortalecerán la democracia local.
En este sentido, el proyecto introduce reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para incorporar estructuralmente las OUI en los planes parciales de desarrollo, consolidando un modelo urbano más justo y resiliente, con el objetivo de cubrir al menos el 50 % de las necesidades identificadas en asentamientos de hecho.
Entre tanto, el proyecto de Ley de Cultura para fortalecer derechos en contextos urbanos tiene el objetivo de garantizar la protección, reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos culturales en entornos urbanos. Asimismo, incorpora una visión contemporánea e inclusiva de las expresiones culturales que se desarrollan en las ciudades, así como mecanismos de participación ciudadana en la construcción de políticas culturales.
Entre los aspectos más destacados de la reforma se encuentran el reconocimiento de la identidad cultural urbana, la ampliación de la protección a los saberes ancestrales y expresiones tradicionales, la creación de mecanismos de participación, la inclusión de expresiones culturales urbanas contemporáneas, el fortalecimiento del derecho a la asamblea cultural y la promoción de la democracia cultural.
Adicionalmente, la iniciativa plantea la creación de registros específicos, estrategias de preservación patrimonial urbana y la actualización de reglamentos y ordenanzas por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en un plazo máximo de un año.
“Esta reforma reconoce que la cultura no es estática ni exclusiva de ciertos territorios, sino un proceso vivo que también se construye y expresa en las ciudades. Apostamos por una legislación que abrace la pluralidad, fomente la creatividad y garantice el derecho de todas las personas a ejercer su cultura”, afirmó el legislador.
MEV
