El informe con respecto al seguimiento y proceso de fiscalización correspondiente al VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, que conoció el documento remitido por la Comisión de Garantías Constitucionales.
La ponencia del informe estuvo a cargo de la legisladora Paola Cabezas, quien informó que en la ejecución del censo se encontraron varios hallazgos; además, fue el más caro de la historia del país.
Asimismo, recordó los exámenes efectuados por la Contraloría General del Estado, respecto a un proceso de comunicación; y, sistemas informáticos y sistemas tecnológicos utilizados en el censo. Concluyó que existió una política censal discriminatoria y responsabilidad de varios funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
En el debate, la legisladora Mónica Salazar afirmó que las cifras del pueblo montubio no corresponden a la realidad del territorio; tampoco hubo una capacitación previa sobre la autodefinición.
El informe concluyó que hubo graves deficiencias en todas las etapas: precenso, censo y postcenso. Desde el inicio se identificaron problemas en cuanto a planificación, asignación de recursos y falta de transparencia en la ejecución del presupuesto, por lo cual se vio afectada la calidad y confiabilidad de los datos recolectados.
Por lo que el desajuste en el proceso censal, marcado por errores en la categorización y la omisión de comunidades, constituyó un riesgo la implementación de políticas públicas que respeten los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano. Así, la falta de un censo inclusivo y representativo profundiza la desigualdad histórica, dejando a estos grupos sin el reconocimiento necesario para el ejercicio pleno de sus derechos y su dignidad como pueblos.
Ante esta y otras conclusiones, el informe recomienda que se realice con urgencia una recolección adicional de información censal que permita incluir a las personas que no fueron censadas o cuyos datos se registraron de manera incorrecta. Esta medida garantizará que las estadísticas nacionales reflejen con mayor precisión la composición real de la población, evitando distorsiones en la planificación y ejecución de políticas públicas.
El documento será remitido a la Fiscalía General del Estado a fin de que inicie una investigación formal para determinar la responsabilidad penal de los exfuncionarios involucrados en la manipulación de los datos.
En lo que corresponde a la Asamblea Nacional, aquí se deberá priorizar el tratamiento de reforma al Código Orgánico Integral Penal con respecto a la tipificación del genocidio estadístico.
AM
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