La Comisión de Gobiernos Autónomos. luego de un amplio análisis, socialización y consulta a varios actores, concluyó que "es factible la declaratoria de interés nacional para la explotación de los bloques 31 y 43, en razón de la importancia que tiene la inversión pública a través de los gobiernos autónomos descentralizados, en función de sus competencias para el mejoramiento de los niveles de vida de la población y la equidad territorial".
Destaca que en el marco de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir es imperante que el ingreso de recursos no permanentes que se obtengan por la explotación petrolera de los bloques 31 y 43 se oriente a proyectos de inversión que permitan el cambio de la matriz productiva en forma coordinada entre todos los niveles de gobierno.
Adicionalmente, determina que "en base a la norma constitucional, lo que señala el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, lo manifestado en la Comisión por la Asociación de Municipalidades del Ecuador y los criterios vertidos por los asambleístas de la comisión, se debe precautelar la Zona Intangible".
Igualmente, sostiene que los gobiernos autónomos descentralizados deben articular el ordenamiento de sus territorios con todos los niveles de gobierno, incluido el Central para minimizar los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico en el Parque Nacional Yasuní.
Por último, señala que "en función de lo que establece el COOTAD, la Ley de Gestión Ambiental y la normativa correspondiente, los gobiernos autónomos descentralizados deberán dar seguimiento al proceso de explotación, materia de la declaratoria de interés nacional".
El informe fue aprobado con el voto afirmativo de los asambleístas Richard Calderón, presidente de la comisión, Alexandra Arce, José Bolívar Castillo, Ulises de la Cruz, Verónica Guevara, Alexandra Ocles, Paola Pabón, Segundo Terán, Octavio Villacreses y René Yandún. Se abstuvo el asambleísta Henry Cucalón.
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