La Comisión de Desarrollo Económico tomó conocimiento del Proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, iniciativa calificada como urgente en materia económica y presentada por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín.
Durante la sesión, como parte del análisis del proyecto, comparecieron altos funcionarios del Ejecutivo y de la Fuerza Pública: Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa Nacional; John Reimberg, ministro del Interior; el general Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional; y el general Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, afirmó que el país enfrenta una amenaza estructural que ha dejado de ser marginal y que actualmente infiltra la economía, las instituciones y la sociedad. Sostuvo que el proyecto de ley constituye una herramienta estratégica para cortar el flujo económico que financia a la delincuencia organizada, dotando al Estado de mecanismos eficientes para reconstruir la seguridad nacional. Además, resaltó la importancia de canalizar donaciones y aportes voluntarios del sector privado bajo un marco legal claro y transparente, sin que ello implique privatizar la seguridad.
Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, advirtió que el conflicto armado interno tiene como motor la economía criminal. Detalló que, en los últimos 17 meses, se han incautado aproximadamente 382,58 toneladas de droga, lo que representa un duro golpe financiero a las estructuras delictivas. Destacó que el proyecto habilita incentivos tributarios, compensaciones y beneficios para quienes inviertan en la recuperación de zonas afectadas, fomentando la corresponsabilidad del sector privado en el fortalecimiento de la seguridad pública.
En su intervención, el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, enfatizó el grave impacto económico y social del crimen organizado. Informó que solo en 2024 se ha afectado a estas estructuras con al menos USD 1.000 millones y recordó que la violencia criminal genera pérdida de vidas, reclutamiento de menores, extorsión y desplazamiento forzado. Subrayó que el proyecto proporciona herramientas legales para incautar bienes, proteger a las víctimas y fortalecer el rol de la Policía Nacional como garante de derechos.
Finalmente, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, expresó el respaldo institucional a la iniciativa y resaltó la necesidad de incrementar las capacidades militares del país. Señaló que, en el contexto del conflicto armado interno, es fundamental fortalecer la defensa de la soberanía, el orden interno y la seguridad ciudadana mediante inversiones en tecnología, entrenamiento y equipamiento especializado.
MEV
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