El Pleno de la Asamblea Nacional analizó en segundo debate este proyecto de ley, que tiene por objetivo normar las operaciones de inteligencia y contrainteligencia, a fin de anticipar, evitar y neutralizar amenazas que afecten la seguridad del Estado.
Inés Alarcón, asambleísta que preside la mesa de Seguridad Integral, encargada del estudio de esta normativa, destacó que, “la ley creará el Sistema Nacional de Inteligencia, así como sus respectivos subsistemas especializados, policial, militar, tributario y penitenciario y los mecanismos de control adecuados en el uso de sus fondos”, lo que garantizará una fiscalización efectiva.
“La seguridad es un derecho constitucional y mejorar las capacidades del Estado para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada, priorizando estándares internacionales de protección ciudadana frente a posibles excesos, es una obligación de esta legislatura”, enfatizó Alarcón.
Según la ponente del informe, la norma evitará que las amenazas de grupos calificados como terroristas se materialicen, mediante procesos de interceptación de información y su entrega al Ejecutivo para facilitar la toma de decisiones precisas en el momento justo.
Durante el debate, los legisladores Gerardo Machado y Jhajaira Urresta coincidieron en la necesidad de establecer candados para que la ejecución de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia requieran de autorización judicial. “La concentración de poder sin contrapesos jurídicos puede derivar en un uso arbitrario de las facultades del Sistema”, dijo Machado.
Por otro lado, Alfredo Serrano, solicitó establecer, entre los requisitos para el nombramiento de la máxima autoridad del Sistema de Inteligencia, la experiencia y preparación comprobada en el área de la seguridad.
Mientras que Karolina Dueñas y Camila Cueva señalaron que la protección de la vida de los agentes de inteligencia y servidores públicos que combaten al crimen organizado transnacional deben contar con garantías claras sobre la seguridad, resguardo y protección de su identidad.
Al respecto, Cueva sugirió clarificar que la entidad encargada de estas acciones será la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, con la finalidad de evitar ambigüedades y garantizar que los agentes puedan contar con identidades alternativas autorizadas, sin poner en riesgo su vida y la de sus familias.
Concluido el análisis, Niels Olsen Peet, presidente de la Asamblea Nacional, con base en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dispuso que el proyecto retorne a la comisión para la inclusión de las observaciones presentadas y la elaboración del texto final de votación.
CV
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