La Comisión de Desarrollo Económico recibió a delegados de instituciones del Estado, representantes de la industria automotriz, de la construcción y expertos en materia de compras públicas, para dar tratamiento al Proyecto de Ley para Innovar la Gestión Pública, calificado como urgente en materia económica.
En relación a la innovación de la plataforma de compras públicas, María José Carvajal, subdirectora del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) indicó que, “la reforma promoverá el escalado tecnológico del sistema y su enfoque hacia los datos abiertos”, para que la herramienta responda a las necesidades actuales de contratación que requiere el Ecuador.
“Esta iniciativa nos desafía a crear un sistema con información pública interconectada, inteligencia artificial y algoritmos que permitan detectar alertas tempranas, evitar actos de corrupción y direccionamiento en la adjudicación de procesos”, manifestó.
Indicó que el nuevo proceso será automatizado y evitará la discrecionalidad subjetiva del servidor público, lo que repercutirá en el ahorro de al rededor del 15% del tiempo por proceso. Informó que, la ejecución de, por ejemplo, menores cuantías, con el sistema actual excede el lapso óptimo de tiempo en tres o cuatro meses, por lo que la reforma no solo es necesaria, sino urgente.
Al respecto, Marco Morales, experto en contratación pública, hizo referencia a que debe evaluarse la pertinencia de los tiempos de implementación para e nuevo sistema. “Se propone 180 días para el cambio total, lo que puede ser restrictivo y puede generar una vulneración a la ley por incumplimiento”.
De su lado, Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia de la República, indicó que la calificación de urgencia económica en este proyecto de ley “se basa en que la contratación pública del año 2024, superó los USD 8 mil millones de dólares, es decir, alrededor de 6.5% del Producto Interno Bruto del país”. A su criterio, esta inversión podría encaminarse con mayor criterio y empleando estándares y conceptos internacionales como el mejor valor por dinero.
Destacó también, que el proyecto permite identificar proveedores y darle un seguimiento adecuado a los contratos que han recibido previamente y categorizarlos con parámetros que permitan identificar y medir su éxito en procesos anteriores.
Finalmente, David Molina y José Miranda, representantes de la industria automotriz y de la construcción, respectivamente, coincidieron en observar el riesgo relacionado al artículo 46 de la norma en estudio, respecto a la contratación de una mejor oferta por fuera del catálogo.
“Esta cláusula podría abrir la puerta a practicas discrecionales y actos de corrupción en las entidades contratantes”, dijo Molina. Los invitados cuestionaron la fuga de información en la que podrían incurrir los funcionarios públicos para favorecer a oferentes externos al proceso inicial.
Una vez concluida la sesión, la asambleísta Valentina Centeno, solicitó a los comparecientes que toda la información presentada sea remitida por escrito para su análisis y sistematización en el informe para primer debate plenario.
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