La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, este miércoles 11 de junio, inició la fiscalización del denominado caso mecheros, en lo que corresponde a las afectaciones a este segmento de la población. Para el efecto, escuchó al delegado de la Defensoría del Pueblo, Rodrigo Varela, quien indicó que la entidad realiza un seguimiento permanente del proceso de cierre definitivo de los mecheros petroleros en las provincias de Sucumbíos y Orellana.
Informó que se ha requerido información a las distintas carteras de Estado involucradas, entre ellas la de Salud. Se pedirá que las referidas instituciones informen de manera particular sobre la atención a las afectaciones a niñas, niños y adolescentes, para remitir esos datos a la Comisión.
Mientras tanto, el asambleísta Comps Córdova, solicitante de esta fiscalización, recordó que la justicia dispuso que varios organismos cumplan con su obligación de proceder, de manera gradual, con el apagado de los mecheros que, por más de 58 años, han afectado a las provincias de Sucumbíos y Orellana.
Igualmente, en comisión general, se recibió a Kerly Herrera, Dannya Bravo y Liberth Jurado, proponentes de la acción de protección sobre mecheros. Ellas aclararon que ganaron la sentencia y que, desde 2023, no se ha cumplido con lo dispuesto por la justicia. Señalaron que se habla de atención a la educación, pero se mantiene una unidad educativa cerca de los mecheros, lo cual afecta a niñas, niños y adolescentes. Expresaron que no quieren padecer cáncer a causa de estos mecheros, que deben ser eliminados.
Subrayaron que entre los pedidos de la acción de protección se incluyó la creación de un hospital oncológico para la provincia de Sucumbíos, a fin de que los casos de cáncer sean atendidos en la Amazonía y los pacientes no tengan que trasladarse a Quito, Ibarra u otras ciudades para recibir atención médica.
También fue recibido Pablo Fajardo, abogado patrocinador de la referida causa, quien explicó que se siguió la acción en contra del Estado ecuatoriano y no contra las empresas petroleras en particular, porque estas ubican los mecheros y queman el gas natural con el consentimiento estatal, lo cual contamina importantes zonas de la Amazonía. Añadió que, en lugar de eliminar estos mecanismos en acatamiento de la sentencia, su número se ha incrementado.
EG
