En la sesión 004, la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez, avocó conocimiento y calificó a trámite, con seis votos a favor, la solicitud de juicio político en contra de Narda Solanda Goyes Quelal, vocal principal del Consejo de la Judicatura (CJ), por supuesto incumplimiento de funciones.
El proceso político contra Goyes Quelal fue calificado el 4 de mayo de 2025 por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), tras la solicitud de interpelación presentada por el asambleísta Fernando Jaramillo Martínez el 24 de abril de 2025, cumpliendo con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución.
A este proceso se anexó el pedido de juicio político y la documentación de sustento presentada por Jaramillo, quien acusa a la vocal del CJ de incumplimiento de funciones por supuestamente protagonizar un “boicot institucional” y una “obstrucción de un mandato popular”, al no dar quórum en las sesiones del Consejo para aprobar el reglamento de selección de jueces constitucionales.
Tras la lectura de la resolución del CAL, la asambleísta Ana Belén Tapia mocionó el avocamiento y la calificación del proceso de juicio político, moción que fue aprobada con seis votos a favor.
La legisladora fundamentó su propuesta señalando que, el 16 de abril de 2025, se instaló la sesión 033-2025 del Consejo de la Judicatura. Durante esta, y una vez verificado el quórum e instalada la sesión para continuar con la deliberación y votación del Reglamento para la Selección de Jueces Constitucionales, la vocal Solanda Goyes Quelal procedió, de forma abrupta e injustificada, a abandonar la sesión.
Añadió que, el 22 de abril de 2025, se convocó nuevamente a la reinstalación de la sesión plenaria 033-2025, a la cual la vocal Goyes no asistió, también de forma injustificada.
Ante estos hechos, la legisladora sostuvo que la conducta de la vocal principal del CJ, Solanda Goyes, constituye un incumplimiento de funciones, lo que genera, conforme al artículo 131 de la Constitución, la presunción de responsabilidad política.
En los próximos días, la Comisión establecerá un cronograma de comparecencias tanto del acusador como de la acusada, para que sustenten las pruebas de cargo y de descargo, así como de funcionarios y testigos.
Otros temas abordados por la Comisión
Como primer punto del orden del día, la Comisión conoció las respuestas emitidas por el secretario general del Consejo Nacional Electoral, Santiago Vallejo, y por la coordinadora general de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional, Mercedes Mediavilla, con fechas 6 y 12 de junio de 2025, respectivamente. Estas respuestas se refieren a los pedidos de información sobre la certificación de procesos electorales vigentes, su inicio y finalización, así como al criterio jurídico aplicable para la sustanciación de solicitudes de juicio político presentadas en el anterior periodo legislativo y que aún están pendientes de tratamiento.
El presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, recordó y aclaró que, conforme al orden cronológico, existen juicios políticos en curso contra jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, al encontrarse aún pendiente un proceso electoral en un cantón del país, no es posible continuar con dichos juicios hasta su conclusión. Por tanto, se procedió con el juicio político contra la vocal del Consejo de la Judicatura.
Finalmente, la asambleísta Ana Herrera expresó su expectativa de que, una vez concluidos oficialmente los períodos electorales, se puedan retomar los juicios políticos que están represados. No obstante, advirtió que existe una limitación en la facultad fiscalizadora de la Asamblea, debido a lo que calificó como un abuso por parte del pronunciamiento de la Procuraduría, el cual no les permite avanzar con dichos procesos.
RSA
