Con seis votos a favor, la Comisión de Régimen Económico aprobó una resolución mediante la cual solicitará a la Unidad Técnica Legislativa (UTL) ampliar, a través de un informe técnico-jurídico, las conclusiones y recomendaciones contenidas en su Informe No Vinculante N.º 0415-INV-UTL-AN-2024, del 14 de noviembre de 2024.
El objetivo es profundizar en el análisis sobre la constitucionalidad y la estimación del costo o identificación de los ámbitos de impacto económico del proyecto de ley que establece regalías a favor de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Esta disposición consta en el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Establece Rentas a favor de las Provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por la Venta de Energía Eléctrica (Decreto Ley 047), que propone incluir a Santo Domingo de los Tsáchilas en las regalías generadas por la hidroeléctrica Toachi–Pilatón. La iniciativa fue presentada por el legislador Geovanny Benítez.
La mesa legislativa, en su resolución, recuerda que en la Síntesis de Verificación de Requisitos del Informe Técnico-Jurídico No Vinculante N.º 0415-INV-UTL-AN-2024, emitido por la UTL, se establece que el referido proyecto “no cumple con el requisito de iniciativa legislativa, al tener afectación al artículo 135 de la Constitución de la República del Ecuador”.
En virtud de ese antecedente, la UTL recomendó en su momento al Consejo de Administración Legislativa (CAL) considerar los criterios establecidos en dicho informe y no calificar el proyecto.
Durante el debate, la legisladora Mónica Alemán precisó que el informe de la UTL no es vinculante y que, tras dicho pronunciamiento, el CAL adoptó una resolución. Además, indicó que la declaración de inconstitucionalidad de una norma corresponde exclusivamente a la Corte Constitucional.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, sostuvo que se debe observar la normativa vigente para evitar vicios de constitucionalidad, por lo que consideró oportuna la moción presentada, con fundamento en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta posición fue respaldada por los asambleístas Adrián Castro y Hernán Zapata, quienes apoyaron la moción impulsada por la legisladora María Cristina Acuña.
AM
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