La Comisión de Fiscalización y Control Político continuó con el proceso de investigación de las presuntas actuaciones irregulares de los operadores de justicia, en el marco del conflicto armado interno que enfrenta el país. En esta oportunidad recibió al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo y al jefe del Comando Operacional del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas (FF. AA.), Enrique Aristizábal.
Gian Carlo Loffredo aseguró que, durante el 2025, las FF. AA. capturaron a más de seis mil sospechosos de actos delictivos, cumpliendo con todos los protocolos que se deben seguir para este efecto. Sin embargo, las actuaciones de jueces y fiscales resultan ser incomprensibles, hecho que pone en evidencia la desarticulación de las entidades de justicia con los esfuerzos que realiza la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada.
Añadió que, a los posibles errores procesales y la supuesta falta de evidencias probatorias, la actuación de los operadores de justicia demuestra que existe una grave crisis en la cual los fallos responden a los intereses de estos grupos y no a lo que anhela la mayoría de los ecuatorianos.
“El país necesita un sistema de justicia sólido, probo, íntegro y comprometido con el bienestar de todos los ecuatorianos; un sistema que acompañe a la lucha diaria de todas las instituciones para así proteger de manera efectiva a nuestros ciudadanos, militares y policías; un sistema que no sea funcional a las mafias”, aseveró el Ministro de Estado.
Mientras tanto, el jefe del Comando Operacional, Enrique Aristizábal, detalló los resultados de los operativos efectuados por el eje de seguridad en todo el país. Recordó que se trata de una lucha que no solo es de las Fuerzas Armadas ni del personal militar, sino que debe ser de todos los ecuatorianos, de todas las funciones del Estado.
Ratificó que muchas de las más de seis mil personas aprehendidas en los operativos salieron en libertad a los dos, tres o cuatro días, lo que demuestra que la lucha que hace Fuerzas Armadas no es correspondida por las demás instituciones públicas.
En este contexto, tanto el Ministerio de Defensa como las Fuerzas Armadas reiteraron su compromiso con la seguridad nacional y el combate frontal a la delincuencia organizada. No obstante, insistieron en que estos esfuerzos solo serán efectivos si existe una coordinación real y sostenida con el sistema de justicia.
EG
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