Dentro del tratamiento y elaboración del informe para segundo debate, en el Pleno del Parlamento, del proyecto de Ley de Integridad Pública, calificado como urgente en materia económica, la Comisión de Desarrollo Económico recibió a Arianna Burgos, Directora del Instituto de Economía Popular y Solidaria y Jorge Yépez, representante del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Burgos propuso reformar el artículo 11 de la norma en análisis, para incluir al representante legal del Instituto en el directorio del Sistema Nacional de Contratación Pública, pues consideró que, “será él quien canalice la participación activa de este sector económico en la construcción de políticas públicas que los beneficien”.
“La reforma permitirá visibilizar a la Economía Popular Y Solidaria (EPS), cuya economía depende en el 80 % de la contratación con el sector público”, dijo. Respecto al artículo 46 de la ley urgente, sobre la posibilidad de que la entidad contratante identifique mejores ofertas por fuera del catálogo electrónico, solicitó buscar mecanismos para que las entidades de la EPS no vean mermadas sus oportunidades de competir con medianos y grandes oferentes.
De llegar a darse, señaló la directora, “estaríamos matando a un sector que actualmente vive de sus contrataciones con entidades del Estado”.
Respecto a las ferias inclusivas, “pedimos que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), en coordinación con el ente de economía popular y solidaria establezca con claridad los bienes y servicios que podrán ser adquiridos en estos espacios, para que los contratantes sigan apostando por nuestros servicios”.
Por último, Yépez hizo referencia al artículo 14 del proyecto de ley, en el sentido de que se incluya la posibilidad de gozar de garantías de reserva de identidad a aquellos proveedores del Estado que denuncien o conduzcan a identificar el cometimiento de irregularidad en procesos de contratación u otros delitos como falsificación de firmas.
“Será la Fiscalía General del Estado el órgano que analice y determine índices de responsabilidad y la validación de las pruebas con la finalidad de otorgar los incentivos a los proveedores denunciantes” manifestó.
CV/
Más fotografías:
