El Pleno de la Asamblea Nacional, con 125 votos afirmativos, aprobó en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, también conocida como Código de la Democracia, que unifica 22 iniciativas sobre paridad de género, transparencia, el método de asignación de escaños en elecciones pluripersonales y el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, entre otras.
El Código de la Democracia es el resultado de un proceso amplio, participativo y plural, que se ha desarrollado a lo largo de los 4 últimos años. Durante este tiempo, el cuerpo legal recibió valiosos aportes de autoridades electorales, asambleístas de distintas bancadas políticas y representantes de la sociedad civil, lo que refleja un compromiso conjunto con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la transparencia electoral en el país.
La asambleísta Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, expuso los ajustes realizados al texto final para votación, con lo cual se eliminan los cambios inicialmente propuestos a los artículos 93 y 267, es decir que se mantienen tal como rigen actualmente. Añadió que se unifican todos los formatos de la ley.
El proyecto recoge las observaciones formuladas durante el segundo debate, en materias relacionadas con la inclusión de disposiciones que garanticen los principios de equidad de género, paridad y no discriminación hacia la mujer en los procesos de selección de los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral.
Se incorporan normas sobre la participación de jóvenes y de ecuatorianos en el exterior en elecciones nacionales, conforme a la Constitución. Se aclaran temas sobre el control del gasto electoral, límites de aportes de candidatos y simpatizantes de las organizaciones políticas a campañas.
El proyecto establece sanciones por excesos en aportes y gastos electorales, procedimientos para denuncias de violencia política de género contra mujeres, y los porcentajes mínimos de votación y representación electoral que deben cumplir los partidos y organizaciones para seguir registrados y evitar su extinción.
Una vez aprobado, en los próximos dos días hábiles, el proyecto será remitido al Ejecutivo para la sanción u objeción.
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