La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional resolvió, con respaldo unánime, aceptar bajo protesta lo determinado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el pasado 20 de junio de 2025, respecto a abstenerse de interferir en los procesos de fiscalización de los contratos suscritos entre el Estado ecuatoriano y las empresas Progen Industries y Austral Technical Management.
Previamente, los diez legisladores integrantes del organismo manifestaron su inconformidad con lo resuelto por el CAL y coincidieron en que la ciudadanía merece respuestas claras sobre los 169 millones de dólares invertidos en estos contratos, que no han dado los resultados esperados y han sido una enorme pérdida económica para el país.
La moción aprobada contempla también que la comisión remita toda la documentación recabada hasta la fecha a la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General del Estado, para que, en el uso de sus competencias, actúe y establezca responsabilidades si fuera el caso.
Además, la comisión conoció el avance en el cumplimiento de la Resolución N.º 002-CGCDHDCI-2025, respecto al inicio del proceso de fiscalización a los bonos entregados en marzo de 2025, durante el período de campaña electoral.
Al respecto, se informó que se han realizado pedidos de información a diferentes carteras de Estado. Se solicitó al Ministerio de Inclusión Económica y Social información respecto a los incentivos Emprende, Jóvenes en Acción y Ecuatorianos en Acción. Asimismo, a los ministerios de Defensa y del Interior, sobre los bonos para Fuerzas Armadas y Policía Nacional, respectivamente, entre otros.
Finalizada la sesión, el asambleísta Jaime Estrada informó que este proceso de control político se realizará en ejercicio de las facultades que tienen las y los asambleístas y las Comisiones Especializadas Permanentes.
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