Con el objetivo de erradicar la violencia en las calles, la corrupción en todos los niveles y funciones del sector público, mejorar la eficiencia institucional y garantizar que los bienes y servicios del Estado respondan a las necesidades ciudadanas, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 84 votos afirmativos, el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, remitido por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica.
Al texto íntegro aprobado se incorporan los elementos planteados en la moción presentada por el legislador Andrés Castillo, relacionados con: el balance general del Banco Central del Ecuador; la sanción de expulsión y prohibición de retorno al territorio nacional; la deportación en el contexto del conflicto armado interno; y la designación de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.
El proyecto aborda cuatro ejes fundamentales: la contratación pública; el fortalecimiento institucional del sector público; la gestión pública en su conjunto; y la erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez del país.
Al inicio, la legisladora Valentina Centeno, ponente del informe, destacó que se trata de una ley necesaria, justa e inédita, que reforma cerca de 20 cuerpos normativos, y que está enfocada en la protección de la vida y la dignidad humana. “Esta ley es un paso clave en la búsqueda de un Ecuador justo, transparente e íntegro. Envía un mensaje claro: en este país, se acabó la fiesta para los corruptos y los delincuentes”, enfatizó.
Asimismo, explicó los aspectos relacionados con seguridad, declaratoria de emergencia judicial, expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos, lucha contra el hacinamiento carcelario, evaluación de servidores públicos y reformas al régimen de contratación pública.
En el debate intervinieron diez legisladores, quienes abordaron temas como: sanciones por prevaricato cometido por jueces; la necesidad de democratizar la contratación pública; penas de hasta 15 años para adolescentes infractores; duración de la declaratoria de emergencia judicial; prevención del uso de jóvenes por parte del crimen organizado; balance general del Banco Central; apoyo a la economía popular y solidaria mediante una reserva de mercado; y la depuración del Registro Único de Proveedores, entre otros.
Este proyecto no se limita únicamente al ámbito de la contratación pública, sino que va más allá, incorporando reformas integrales que permiten enfrentar la problemática de la corrupción de manera estructural, considerando su presencia en múltiples dimensiones de la vida cotidiana del país.
AM
