En el marco del proceso de fiscalización sobre las presuntas actuaciones irregulares de los operadores de justicia, en el contexto del conflicto armado interno que enfrenta el país, la Comisión de Fiscalización recibió los criterios de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, quien subrayó que la Función Judicial se encuentra en estado de emergencia debido a la situación de vulnerabilidad de sus operadores.
"Que los informes evidencien la crisis en la que se encuentra la Función Judicial. Venimos a decir la verdad para que ustedes juzguen qué ha sucedido con los 18 vocales que han pasado por el Consejo de la Judicatura", afirmó.
Godoy presentó imágenes y cifras que evidencian la situación estructural crítica que enfrenta la Función Judicial, que entre múltiples factores enfrenta la escasez de jueces y fiscales, la infraestructura deteriorada, la falta de tecnología y la carencia de insumos, lo que ha llevado a que más del 50% de las unidades judiciales se encuentren en estado de alerta, comprometiendo gravemente el derecho a una justicia oportuna.
Afirmó que la alarmante falta de jueces ha sumido a la Función Judicial en un colapso procesal insostenible. La sobrecarga de casos genera retrasos severos y una acumulación excesiva de causas.
Se refirió también a los casos de jueces separados provisionalmente, indicando que se está siguiendo el debido proceso y que, si no se encuentran cargos en su contra, serán reintegrados con el pago de sus haberes correspondientes al tiempo que estuvieron fuera de sus funciones.
Insistió en que existe un abandono de años hacia la Función Judicial, señalando que "se ha optimizado el recurso hasta el último centavo". Respaldó su afirmación con un video que muestra la precaria situación de las dependencias judiciales y su infraestructura.
Detalló que existen 437 dependencias judiciales a nivel nacional, de las cuales 166 se encuentran en estado crítico: sin personal, con sobrecarga procesal y en riesgo por la presencia del crimen organizado.
Además, de 69 dependencias, el 16% están en estado de alerta, con retrasos alarmantes en los procesos y carencia de tecnología. Solo 108 se encuentran en estado de bajo riesgo, aunque tampoco en condiciones óptimas.
En cuanto a la dotación de personal, señaló que faltan 11 jueces en la Corte Nacional, 57 en las Cortes Provinciales, 46 en los Tribunales Distritales, 53 en los Tribunales Penales, 470 en las Unidades Judiciales y 116 en las unidades constitucionales, sumando un total de 753 vacantes.
También enfatizó en el déficit de jueces por materia, la deficiencia informática —que vuelve al sistema inseguro—, el hecho de que el 89 % de los equipos de red están descontinuados, y el déficit presupuestario que agrava la crisis.
Al finalizar la sesión, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, manifestó que este proceso de investigación continuará con el fin de transparentar los procedimientos judiciales.
RSA
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