Durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico, la ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, María Luisa Cruz, informó que actualmente se registran impactos ambientales derivados de 796 alertas de minería ilegal en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en sus zonas de amortiguamiento. Estas declaraciones se dieron en el marco del tratamiento del proyecto de ley de carácter urgente que aborda esta problemática.
La secretaria de Estado destacó que el Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del mundo, al contar con 91 tipos de ecosistemas. Asimismo, señaló que en el país existen 56 áreas protegidas administradas por el Estado.
No obstante, según un diagnóstico institucional, se ha evidenciado que 12 áreas protegidas presentan afectaciones en 400 hectáreas por actividades como minería, tala ilegal, tráfico de especies y pesca no autorizada. Además, se han identificado seis áreas marinas protegidas afectadas en un radio de 60 millas náuticas por acciones de Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).
Frente a esta realidad, la ministra Cruz subrayó la relevancia del proyecto de ley, el cual promueve la conservación a través de iniciativas turísticas sostenibles, investigación científica, educación ambiental y corresponsabilidad social; así como el desarrollo económico, social y cultural, y la seguridad en los territorios.
Observaciones de ONG
Entre las observaciones recibidas por la mesa legislativa, previo a la elaboración del informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, se destacaron aspectos como la autonomía del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, la seguridad de los guardaparques y el fortalecimiento institucional del Ministerio del Ambiente.
El representante legal de la organización Wildlife Conservation Society, Sebastián Valdiviezo, propuso fortalecer la institucionalidad de las áreas protegidas mediante la autonomía del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y la implementación de mecanismos de sostenibilidad financiera a largo plazo.
Valdiviezo recordó que las áreas protegidas comprenden el 19,5 % del territorio nacional, en donde es fundamental garantizar la seguridad de los guardaparques, técnicos y administradores, quienes enfrentan constantes amenazas. Asimismo, instó a considerar a los pueblos y nacionalidades que habitan en zonas aledañas, mediante esquemas de cogobernanza o gestión participativa.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Ecociencia, Carmen Josse, enfatizó la importancia de considerar en la toma de decisiones que las áreas naturales protegidas abarcan 2.206.194 hectáreas; mientras que los pueblos indígenas ocupan territorios que suman 6.117.176 hectáreas.
Finalmente, el director ejecutivo de la Fundación Nueva Democracia, Jaime Mendoza, indicó que la aplicación efectiva de la normativa propuesta requiere el fortalecimiento institucional del Ministerio del Ambiente, en especial en lo referente a la ejecución de planes de manejo y otras condiciones necesarias para la protección ambiental.
AM
