La Comisión de Garantías Constitucionales continuó con el análisis y la recopilación de insumos para la construcción de los proyectos de Ley de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado, y el que Garantiza el Derecho de Consulta Ambiental. En esta jornada, recibió los criterios de un delegado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
René Gálvez, del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de esta universidad, recordó que la consulta y el consentimiento previo, libre e informado constituyen un derecho fundamental de los pueblos indígenas y demás comunidades, para decidir sobre medidas administrativas que podrían afectar su identidad y su derecho a la participación. Aclaró que este mecanismo difiere de la consulta ambiental.
Explicó que la consulta debe realizarse a través de procedimientos adecuados, incorporando principios como la buena fe, la finalidad de alcanzar acuerdos, el respeto a la interculturalidad, así como la participación libre, activa y efectiva de los pueblos consultados. Además, debe llevarse a cabo de forma previa a cualquier medida administrativa y en la lengua de la nacionalidad o pueblo involucrado.
Tras la intervención de los comparecientes, se abrió un espacio de preguntas e intercambio con los legisladores. La asambleísta María Íñiguez expresó su preocupación de que la ley de consulta previa pueda omitir ciertas actividades que, al no ser consideradas extractivas, queden fuera del proceso, lo cual podría vulnerar los derechos colectivos.
El asambleísta Héctor Valladarez manifestó que esta ley, “que tendrá un impacto monumental en la realidad de nuestros pueblos”, debería resolver los problemas que enfrenta la provincia de Zamora Chinchipe, la cual ha sido afectada por fenómenos climáticos. Además, anticipó que fiscalizará el cumplimiento del trabajo legislativo referente en esta materia.
En cuanto al proyecto de Ley que Garantiza el Derecho de Consulta Ambiental, el asesor de la Comisión, David Veloz, informó que se han elaborado matrices de ambos proyectos, las cuales ya están en conocimiento de los legisladores. Añadió que han avanzado en seis mesas de trabajo y que, recientemente, contaron con la asesoría de la Unidad Técnica Legislativa para realizar ajustes a los articulados.
Una vez abordados los puntos del orden del día, la vicepresidenta de la comisión, María Íñiguez dio por clausurada la sesión.
RSA
