La Comisión de Fiscalización y Control Político, este jueves 3 de julio, aprobó el cronograma para la actuación de pruebas de cargo y de descargo, en la sustanciación de la solicitud de juicio político presentada por el asambleísta Fernando Jaramillo en contra de Solanda Goyes Quelal, vocal principal del Consejo de la Judicatura (CJ), por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley.
Conforme la planificación establecida, el próximo 9 de julio se cumplirá la actuación de pruebas, tanto documentales, como audiovisuales y testimoniales, conforme el anuncio que consta en la solicitud de enjuiciamiento y en la contestación a la demanda. En el caso del proponente del juicio, Fernando Jaramillo, en el expediente constan 12 elementos probatorios, 11 de los cuales corresponden a documentos físicos y una grabación de la sesión 33 del CJ.
Mientras, la funcionaria cuestionada, Solanda Goyes, presentó 31 elementos probatorios, todos documentales, relacionados a la sesión 33. También solicitó que a través de la Comisión se oficie al Consejo de la Judicatura para que remita documentación adicional. Igualmente, adjuntó cuatro enlaces de audio y video.
Prueba nueva
Adicionalmente, la Comisión de Fiscalización, con seis votos afirmativos, aprobó la incorporación de prueba nueva al proceso, en virtud del oficio presentado por el asambleísta Fernando Jaramillo, en aplicación de lo previsto en el inciso segundo del artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con esta decisión, será parte de la actuación de prueba una entrevista realizada a la doctora Yolanda Yupangui, sobre la causal del enjuiciamiento político a la doctora Goyes, entre otros documentos.
Suspensión de plazos
Al inicio de la sesión, por Secretaría, se dio lectura a la solicitud de la doctora Solanda Goyes para que se suspendan los plazos de la sustanciación del juicio político, en razón de su estado de salud, que la mantendrá fuera de funciones por 20 días, conforme el certificado médico pertinente.
Al respecto, el presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, aclaró que el organismo no tiene competencia para suspender los plazos, razón por la cual dispuso que la petición se remita para conocimiento y decisión del Consejo de Administración Legislativa(CAL).
EG
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