La Comisión de Salud recibió aportes técnicos y observaciones a los proyectos de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Salud, orientados a limitar la discrecionalidad y transparentar los mecanismos de pago a los prestadores de la Red Privada Complementaria, sin fines de lucro, de la Salud Pública, que atienden a grupos de atención prioritaria. Asimismo, se busca fortalecer el Sistema de Información Nacional de Salud y establecer controles frente a posibles conflictos de interés.
Ambas propuestas han sido unificadas para facilitar su tratamiento legislativo.
Gabriela Meythaler Muñoz, intendente nacional de Control del Sistema de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos, sugirió que la transparencia en los mecanismos de pago a los prestadores de salud debe abarcar todos los procesos de pago de las entidades del sector salud, sean estas públicas o privadas, con o sin fines de lucro. Esto, con el fin de garantizar los principios de igualdad, oportunidad y transparencia en la prestación de servicios de salud.
Respecto al primer proyecto, propuso incorporar garantías para la seguridad y confidencialidad de las historias clínicas, en concordancia con la Constitución, la Ley de Salud y la Ley de Protección de Datos Personales. Además, recordó que las entidades de seguridad social que prestan servicios de salud están obligadas a cumplir con la normativa vigente.
En relación con la segunda propuesta, recomendó establecer de forma expresa quién debe implementar el mecanismo de control posterior, así como definir con claridad el alcance de la obligatoriedad de la auditoría externa de los estados financieros, dado que estos informes son elaborados por firmas privadas de auditoría.
Por su parte, Sofía Espín, directora nacional encargada de Articulación del Ministerio de Salud Pública (MSP), manifestó que el título del capítulo V del proyecto podría limitar el derecho al reconocimiento de prestaciones de salud a un solo grupo poblacional. En este sentido, subrayó que, tratándose de la red pública y privada, es esencial que todos los prestadores de salud, sin importar su naturaleza, brinden atención a todos los grupos prioritarios.
Recalcó también la importancia de garantizar el pago por las atenciones de salud, tanto en la red pública como en la privada, y recomendó establecer la obligatoriedad de atender a los pacientes pertenecientes a grupos prioritarios en todos los establecimientos de salud, sin distinción.
La asambleísta Milena Jácome señaló que uno de los objetivos del proyecto es evitar conflictos de interés, y criticó a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) por no estar cumpliendo adecuadamente su rol de control.
Por su parte, la legisladora Victoria Desintonio planteó interrogantes acerca de lo que establece la norma para lograr un sistema de salud fortalecido, así como para que los prestadores de servicios retomen el enfoque de medicina preventiva.
El presidente de la Comisión, Juan José Reyes, agradeció los aportes recibidos y anunció que toda la información será remitida a los legisladores para su análisis.
RSA
