En la Comisión de Garantías Constitucionales, Martha Burgos, coordinadora nacional del Pueblo Montubio del Ecuador, pidió la defensa de los derechos de los pueblos montubios, recordando que representan un porcentaje importante de la población y que han realizado aportes significativos al país.
Burgos afirmó que el tema de la interculturalidad es desconocido y que existe poco interés por parte de las autoridades en garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos y nacionalidades.
Denunció supuestas violaciones a los derechos colectivos, al intentar reestructurar el Consejo de Gobierno del Pueblo Montubio sin previa notificación. Según explicó, la resolución correspondiente los deja en estado de indefensión jurídica, lo que, a su juicio, constituye un acto administrativo ilegal. Por ello, solicitó el respeto a sus derechos, a su autonomía institucional, a la Constitución y al Código Orgánico Administrativo.
Relató además varios conflictos sociales y denunció actos de corrupción, señalando que se está pidiendo dinero a cambio de proyectos. También exigió detener la arbitrariedad de la Secretaría de Pueblos, que —según dijo— actúa fuera de sus competencias.
Los legisladores expresaron su solidaridad e hicieron varias preguntas. “El derecho del pueblo montubio ni se compra ni se vende”, afirmó el legislador Eustaquio Tuala. Por su parte, Comps Córdova pidió que se realice fiscalización en todos los ámbitos relacionados con los pueblos montubios, lo cual fue respaldo por la mayoría de los legisladores.
Como segundo punto del orden del día, la Comisión tenía previsto recibir al ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, para que informe sobre los programas “Incentivo Emprende”, “Jóvenes en Acción” y “Ecuatorianos en Acción”, en el marco del proceso de fiscalización sobre la entrega de bonos en época electoral.
Sin embargo, el ministro Burbano se excusó de asistir, amparándose en una resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que delega a la Comisión de Participación Ciudadana la competencia para conocer el proceso de fiscalización y control político relacionado con la presunta entrega de bonos y ayudas sociales durante el reciente período de campaña electoral, comprendido entre el 22 y el 25 de marzo de 2025.
Con el mismo argumento, también se excusó la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Arianna Tanca, quien debía referirse a la fiscalización del pago de indemnizaciones a personas afectadas en Esmeraldas. En cambio, el gerente general de Petroecuador, Leonardo Bruns, no envió carta de excusa. Mientras el legislador Lenin Barreto expresó su desacuerdo con la decisión del CAL respecto a este tema.
La Asamblea Nacional reitera su compromiso con el fortalecimiento del diálogo democrático, la transparencia en la gestión pública y la defensa de los derechos colectivos, garantizando espacios de participación activa para todos los sectores de la sociedad.
RSA
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