“Desde el 29 de noviembre de 2023 que inicié mi período, se han realizado 110 informes de exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de jueces, fiscales y demás operadores judiciales de los cuales 59 tienen indicios de responsabilidad penal”, dijo el contralor General del Estado, Mauricio Torres, en la Comisión de Fiscalización y Control Político, como parte de la investigación sobre las presuntas actuaciones irregulares de los operadores de justicia, en el marco del conflicto armado interno.
Añadió que la nueva Contraloría ha implementado un adecuado control del patrimonio de los servidores públicos, como mecanismo idóneo en la lucha contra la corrupción. Explicó que la entidad prefiere realizar un acompañamiento y asesoría a las instituciones del sector público, a través de las unidades de auditoría interna, a fin prevenir el cometimiento de actos de corrupción.
En este sentido, reiteró su firme compromiso en la lucha contra la corrupción. Agregó que en el caso específico del sector justicia, hay 36 informes con indicios de responsabilidad en ejecución por presunto enriquecimiento ilícito. Para el segundo sementre de 2025 se han iniciado seis nuevos procesos de investigación, subrayó, al aclarar que estos informes corresponden al control de las declaraciones patrimoniales y no a auditorías de gestión, que son temas distintos.
Mauricio Torres explicó que en el caso de la revisión de la declaración patrimonial se detectan, por ejemplo, ingresos por uno o más millones de dólares, cuando con el sueldo regular de un funcionario público no se alcanzaría a acumular dichos montos, allí se detectan las inconsistencias que son investigadas y, en muchos casos, esos recursos no tienen los justificativos necesarios.
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