La reforma al artículo 541, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), respecto del plazo para la caducidad de la prisión preventiva, fue el tema central de la comparecencia de las autoridades de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ante la mesa legislativa que tramita dicha modificación legal.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, proponente del proyecto de reforma, explicó que la iniciativa responde al pedido de la Corte Constitucional, mediante sentencia de diciembre de 2024.
En este contexto, recordó que el 1 de mayo de 2025 se presentó la propuesta, observando parámetros estrictamente técnicos y el concepto de “plazo razonable”, entre otros aspectos, para “evitar la pena anticipada”.
Por su parte, la presidenta de la Sala Penal de la Corte Nacional, Daniela Camacho, precisó que la iniciativa legal considera lo dispuesto en el párrafo 97 de la referida sentencia. Por ello, se plantea que, una vez interrumpido el plazo de caducidad de la prisión preventiva, la privación de libertad no podrá exceder un plazo razonable, evitando que se acerque o coincida con la pena efectiva impuesta en la sentencia condenatoria.
Añadió que, para determinar dicho plazo razonable, se deben considerar factores como el tipo penal, la pena, el plazo de prescripción, la gravedad del delito, la conducta de los sujetos procesales, la actuación de las autoridades judiciales, la carga procesal, entre otros criterios.
El representante de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, amplió la explicación de la reforma propuesta y recordó que no fue posible establecer un plazo razonable específico para cada tipo penal; por ello, se analizó la inclusión de diversas aristas. La exposición detallada del texto propuesto estuvo a cargo del director de Asesoría Jurídica de la entidad, José Gabriel Terán.
El legislador Keevin Gallardo, tras reflexionar sobre la pertinencia de la reforma, consultó respecto de la aplicación de la propuesta en casos de delitos graves y en escenarios de conflicto armado. Igualmente, se sumaron al análisis los legisladores Eliana Correa y Marco Olmedo.
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Justicia, Rosa Torres, consideró que debe existir mayor claridad en la propuesta en relación con el catálogo de delitos al que se aplicará el plazo razonable.
AM
