La Comisión del Derecho a la Salud continúa receptando nuevos insumos para enriquecer el texto unificado de los proyectos de ley orientados a la prevención, detección y atención del cáncer cérvico uterino, así como a la prevención, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer en el Ecuador, antes de la elaboración del informe para el primer debate en el Pleno legislativo.
La mesa recibió los criterios de los representantes de la Procuraduría General del Estado, de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), y de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS).
En representación de ARCSA, Daniel Sánchez destacó que el proyecto contiene avances significativos y evidencia un compromiso serio frente a las enfermedades catastróficas, que constituyen un desafío global. Señaló que los aportes de la agencia buscan que la ley, además de un enfoque preventivo y clínico, incluya también el componente regulador y técnico de vigilancia por parte del Estado.
Propuso la inclusión de políticas claras sobre el control y calidad de medicamentos, dispositivos médicos, vacunas y productos sanitarios. Además, recomendó garantizar la seguridad del paciente en todas las fases del abordaje oncológico, así como asegurar que el marco legal esté articulado con las competencias de las entidades de regulación sanitaria.
Sánchez también sugirió que el articulado especifique las autoridades competentes en materia de investigación y regulación, que se incorpore de manera explícita el cumplimiento de estándares éticos y regulatorios, y que se garantice que los resultados de la investigación se traduzcan en mejoras concretas en la atención en salud.
Por parte de la Procuraduría General del Estado, Jennifer Rodas y Luis Fonseca realizaron un análisis global a partir de sus observaciones remitidas por escrito. Señalaron que existen obligaciones internacionales ya adquiridas por el país, las cuales son poco conocidas y deben considerarse.
Fonseca subrayó la importancia de tomar en cuenta los principios de aceptabilidad, integralidad y calidad en la formulación de políticas públicas. Añadió que es necesario equilibrar los derechos y evitar un enfoque médicocentrista en las definiciones legales. Se mostró partidario de que la normativa actúe de manera taxativa y afirmó que las leyes especiales son herramientas muy útiles.
En representación de la ACESS, Paola Aguirre coincidió en que las definiciones deben estar sustentadas científicamente en cada una de las etapas de prevención. Propuso que la red oncológica esté conformada por los establecimientos del Sistema Nacional de Salud que cuenten con servicios de oncología. Asimismo, sugirió cambiar el nombre del "Registro Nacional de Tumores" por "Registro Nacional de Patologías Oncológicas", considerando que el término "tumores" es demasiado general.
El presidente de la Comisión, Juan José Reyes, agradeció los aportes recibidos y ratificó que continuará con el proceso de construcción normativa y recopilación de insumos.
RSA
