La Comisión de Régimen Económico y Tributario recibió nuevos aportes para el proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, previo a la aprobación del informe para segundo debate.
En esta ocasión, César Camino, fundador del Colegio de Profesionales en Contratación Pública, recordó que varios artículos propuestos ya constan en la Ley Orgánica de Integridad Pública. No obstante, presentó observaciones relacionadas con el procedimiento de régimen especial, la evaluación de la capacidad operativa que debe constar en la fase preparatoria, la publicidad del proceso de fiscalización, las sanciones por uso indebido, entre otros aspectos.
El compareciente añadió que estas precisiones son necesarias para una aplicación clara de la normativa y, en lo posible, para evitar múltiples modificaciones que podrían afectar la seguridad jurídica. Asimismo, subrayó la necesidad de facilitar la contratación en los gobiernos parroquiales rurales, entidades que carecen de técnicos para los procesos, además de fortalecer el pago a los proveedores del Estado.
Los legisladores reflexionaron sobre las características del procedimiento de ínfima cuantía, la participación de empresas que ofrezcan garantías técnicas, entre otros temas.
Por su parte, Juan Cristóbal Lloret, prefecto del Azuay, resaltó la oportunidad que representa la reforma en materia de contratación pública para facilitar la gestión de los distintos niveles de la administración, procurando que esta no implique la paralización de los funcionarios públicos en las instituciones.
Las observaciones del prefecto se enfocaron en la contratación entre entidades públicas mediante mecanismos expeditos, la posibilidad de subcontrataciones de hasta el 30 %, la elaboración de estudios técnicos, la diferenciación entre decisiones contractuales y disciplinarias, así como la adecuación de los plazos con el Código Orgánico Administrativo.
Lloret subrayó la importancia de democratizar la compra pública, evitando trabas burocráticas y restricciones. En este sentido, exhortó a que se fortalezca la contratación interinstitucional. “Si bajan la subcontratación al 15 %, se afectarían todas las empresas públicas”, concluyó.
AM
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