La Comisión de Niñez y Adolescencia continúa con el tratamiento de reformas al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, que abarca los Libros I, II y III. En este marco, comparecieron ante la mesa legislativa Diego Cisneros, delegado de la Vicepresidencia de la República; José Chimbo y Fanny Aguilar, en representación de la Defensoría Pública; y el abogado Vicente Torres, especialista con trayectoria en la materia.
En su intervención, Diego Cisneros, delegado de la vicepresidenta constitucional de la República, destacó la importancia de fortalecer la corresponsabilidad parental, en concordancia con el Decreto Ejecutivo N.º 3 y las políticas públicas orientadas a la primera infancia. Celebró, además, la propuesta de reforma al artículo 25 del Código Civil presentada por las asambleístas Ana Herrera y Mónica Salazar, por su alineación con los principios de corresponsabilidad parental establecidos en la Ley Orgánica de Primera Infancia.
Por otro lado, respecto al proyecto impulsado por la asambleísta Hortencia Cayo, recomendó precisar la naturaleza del subsidio dirigido a madres sin relación de dependencia, proponiendo su articulación con las transferencias monetarias que administra el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y sugirió incorporar un análisis de impacto fiscal para asegurar la sostenibilidad de la medida.
Por su parte, José Chimbo, delegado de la Defensoría Pública, informó que se han presentado observaciones a los tres libros que conforman el proyecto de ley y reiteró su disposición de participar activamente en la mesa técnica que trabaja en el texto unificado. Asimismo, subrayó la importancia de incluir los aportes institucionales y ciudadanos en el proceso de construcción normativa.
Fanny Aguilar, también en representación de la Defensoría Pública, reafirmó el compromiso de la entidad con el acceso a la justicia y la protección integral de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Enfatizó que esta reforma constituye una deuda histórica del Estado y una oportunidad para garantizar que el interés superior del niño prevalezca en todas las decisiones públicas y judiciales, asegurando entornos de protección, justicia y oportunidades para la niñez.
Finalmente, Vicente Torres centró su intervención en el fortalecimiento del Libro III del Código, proponiendo que el Ministerio de Inclusión Económica y Social asuma con claridad la rectoría del sistema nacional de protección de derechos. Además, alertó sobre la pérdida de especificidad generada tras la promulgación de la Ley de Consejos Nacionales para la Igualdad y planteó la necesidad de reformar el artículo 249 del Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) para limitar la discrecionalidad en el uso de recursos municipales.
También hizo énfasis en la urgencia de robustecer las capacidades operativas de las juntas cantonales de protección de derechos y acompañar la reforma legal con políticas públicas efectivas que garanticen una protección real y oportuna para la niñez y adolescencia del país.
MEV
