El Pleno de la Asamblea Nacional, con 80 votos afirmativos, aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica, que establece medidas económicas emergentes para garantizar el fortalecimiento y la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como para asegurar la sostenibilidad ambiental, la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de las funciones ecológicas, la gestión sostenible de estas áreas y el desarrollo local.
Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del informe, manifestó que el proyecto se justifica en la necesidad de resguardar el patrimonio nacional, a través del fortalecimiento de las áreas protegidas, garantizar la profesionalización y el respeto a los derechos de los guardaparques y generar una institucionalidad que permita al Estado delegar ciertos servicios relacionados con estas zonas a los sectores privado y comunitario.
Sin embargo, aclaró, esto no constituye, de manera alguna, abrir la puerta a ningún tipo de privatización de los recursos naturales estratégicos. Igualmente, destacó que la ley prohíbe realizar actividades de explotación de recursos en áreas no renovables, así como el extractivismo, con absoluto respeto de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
El proyecto consta de ocho artículos, tres Disposiciones Generales, cinco Transitorias, siete Reformatorias a las leyes de Movilidad Humana; de Régimen Tributario Interno; al Código Orgánico Monetario y Financiero; a la Codificación de la Ley de Aviación Civil; a la Ley de Reforma Tributaria de 2001; y, a la Ley Orgánica del Servicio Público.
La ley constituye una herramienta que permitirá al Estado actuar eficaz y eficientemente para detener el avance del crimen organizado en zonas rurales y áreas naturales. Por ello, resulta esencial habilitar acciones coordinadas de seguridad que permitan restablecer el orden y prevenir actividades ilícitas en el sector. Esta acción se plantea de manera excepcional, temporal y bajo control civil, con el objetivo de preservar la vida, la biodiversidad y el tejido social que habita en estos territorios.
En el debate intervinieron 12 asambleístas, quienes destacaron la importancia de este proyecto para cumplir con el rol del Estado en la administración del Sistema de Áreas Protegidas, fortalecer la infraestructura, prevenir la explotación indiscriminada e ilegal de estos recursos y contrarrestar la presencia de grupos de delincuencia organizada en gran parte de estas zonas.
Comisión general
Al inicio de la sesión, en comisión general, Tarcisio Granizo, del Fondo Mundial para la Naturaleza, capítulo Ecuador, recomendó que consten en la ley suficientes garantías para la protección ambiental, la rectoría del Estado y los derechos colectivos. Mientras, Juan Esteban Rivadeneira, a nombre de los guardaparques, consideró que con la ley habrá un cambio profundo con garantías para los hombres y mujeres que custodian las zonas protegidas.
En los próximos dos días hábiles, el texto final aprobado por la Asamblea será remitido al Ejecutivo para su correspondiente sanción u objeción.
EG