El Consejo de Administración Legislativa aprobó, por unanimidad, con siete votos a favor, la reforma al artículo 7 del Reglamento Interno de Administración del Talento Humano, en atención a lo solicitado el pasado lunes 7 de julio de 2025 por el Presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen.
La reforma aprobada contempla la prohibición de contratación a personas que se encuentren dentro del primer y segundo grados de consanguinidad y primero de afinidad de la autoridad nominadora o su delegado, asambleístas principales o asambleístas alternos principalizados, y titulares de nivel jerárquico superior de la institución.
Además, el CAL aprobó un reglamento que tiene por objeto regular la implementación de las sesiones virtuales del Pleno de la Asamblea Nacional, del CAL y de las Comisiones Especializadas que obliga a las y los asambleístas a mantener encendida la cámara de su dispositivo durante toda la sesión. En el caso de inobservar la obligatoriedad se considerará como una falta injustificada, y dará lugar a la sanción correspondiente.
Caso Asambleísta Santiago Díaz
Por unanimidad, el CAL negó la licencia sin remuneración por 31 días, entre el 8 de julio y el 8 de agosto de 2025, solicitada por el legislador Santiago Díaz, en virtud del pedido realizado para ejercer su derecho a la defensa, sin percibir recursos públicos, frente a un presunto delito contra la integridad sexual del que se le acusa.
Lo resuelto considera que el pedido de Díaz fue dirigido al Presidente de la Asamblea Nacional y no al CAL, órgano que según los artículos 12 y 114 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sobre el régimen de permisos, es el único competente para conceder licencias mayores a los 30 días.
La denuncia contra el asambleísta Santiago Díaz fue presentada por el padre de la menor afectada, el pasado lunes 7 de julio de 2025, ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Según información emitida por la FGE, a través de sus redes sociales, en el marco de esta investigación fueron ejecutados tres allanamientos en la ciudad de Quito, en los que se recabaron documentos, dispositivos electrónicos y otros indicios para el seguimiento del caso.
CV
