La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, en el marco del proceso de fiscalización sobre la transparencia en las actuaciones de los operadores de justicia y demás autoridades, recibió los criterios de dos profesionales, quienes explicaron las consecuencias que se derivan de los hechos que atentan contra la integridad sexual y reproductiva. Este análisis se enmarca en la denuncia presentada en contra del legislador Santiago Díaz Asque.
La psicóloga social comunitaria María José López se refirió al desarrollo neurológico de los adolescentes de 14 años y precisó que “hay un desarrollo biológico que está en proceso”, por lo que no están en capacidad de tomar decisiones de alto impacto.
Señaló que las decisiones sobre la sexualidad requieren de una madurez integral, ya que a esa edad dicho desarrollo aún no se ha completado. En caso de abuso sexual a adolescentes, añadió, se presentan consecuencias neurobiológicas y psicosociales.
La profesional indicó que el impacto psicológico y emocional en las víctimas puede traducirse en trastornos como el estrés postraumático, la depresión, la pérdida de memoria, la disminución de la capacidad de aprendizaje, la hipervigilancia y el miedo crónico. “Es necesario proteger primero a la víctima, porque después de un abuso sexual existen todas estas afectaciones psicológicas, y nuestro deber es la protección y no la revictimización”, concluyó.
Por su parte, Julieta Sagñay, profesional en salud mental, afirmó que el consentimiento para relaciones sexuales entre adolescentes no es posible, debido a las graves consecuencias. Consideró que la aprobación de un proyecto de ley con ese enfoque podría interpretarse como “la legalización de algún tipo de parafilia” y significaría “abrir las puertas a este tipo de trastornos”.
A esta sesión de la Comisión de Transparencia no asistieron los asambleístas que suscribieron y respaldaron el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, de autoría del legislador Díaz. Previamente, en una rueda de prensa, recordaron que tienen la atribución de presentar proyectos de ley, conforme al numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República.
Precisaron que, el 9 de julio de 2025, los legisladores decidieron retirar su apoyo al proyecto, al considerar que el consentimiento para firmarlo tuvo como propósito principal el aumento de las penas por el delito de femicidio.
En la rueda de prensa, recordaron que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no calificó el proyecto mencionado, debido al incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
AM
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