Santiago Cahuasquí, experto en derecho electoral comparado y José Cisneros experto en prevención de fraude y lavado de dinero, comparecieron frente a la comisión ocasional que da trámite a la reforma parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución, respecto al financiamiento de las organizaciones políticas.
Cahuasquí, se refirió al carácter público del fondo partidario. Recordó que desde el año 2009, con la expedición del Código de la Democracia, este rubro no solo financia a los partidos y movimientos políticos, sino también al Instituto de la Democracia, entidad con rango constitucional y adscrita al Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Esta reforma podría afectar el corazón de las organizaciones políticas que, según el artículo 108 de la Constitución son instituciones públicas no estatales”. Si se les retira el financiamiento púbico, perderían también este carácter y obligaciones de pluralismo y representación frente a la sociedad, reflexionó.
Otro aspecto en debate fue el control del Estado sobre los financiamientos irregulares para fines electorales. El experto cuestiono que, sin fondos públicos, las instituciones de control como la Contraloría General del Estado, o el mismo CNE no podría efectuar labores de fiscalización sobre la entrega ni el destino de estos fondos en época electoral.
Ante esta disolución de las posibilidades control, señaló “podría incentivarse el ingreso de fondos privados no fiscalizados y abrir una puerta de acceso a recursos de naturaleza ilícita”.
Por otro lado, Cisneros, sostuvo que una modificación necesaria es de especializar la asignación de este recurso únicamente a los partidos políticos consolidados, para evitar la creación de movimientos de alquiler que también consumen este recurso.
Por último, propuso también que el CNE tenga la potestad de aperturar las cuenta de cualquier ciudadano donante o financista de una campaña política, para controlar comprobar y sancionar de forma efectiva el ingreso de dinero ilegal a las organizaciones políticas.
Antes de clausurar la sesión, a través de la secretaría de la comisión se solicitó a los juristas remitir sus observaciones por escrito, a fin de sistematizarlas en el informe para segundo debate de este proyecto en el Pleno de la Asamblea Nacional.
CV
