La Comisión de Seguridad Integral, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica para la Homologación de Uniformes y Tecnologías de Vigilancia en las Instituciones Públicas, recibió al exlegislador Ramiro Vela, quien explicó el alcance de su iniciativa legal.
El exlegislador señaló que la propuesta tiene como objetivo regular, homologar y controlar el diseño, confección, distribución y uso de los uniformes de las instituciones de seguridad pública. Asimismo, busca prevenir su uso indebido mediante una estricta regulación de su venta y distribución, además de implementar tecnologías de vigilancia.
“Hay más de 1.200 denuncias de delitos ejecutados con uniformes”, afirmó Ramiro Vela, tras presentar evidencias de la Operación Tormenta 15, ejecutada en Durán, en la que se encontraron varias prendas militares y policiales utilizadas por presuntos infractores.
Agregó que “el proyecto surge ante la necesidad de resolver problemas relacionados con la falta de estandarización en los uniformes y la carencia de tecnologías de vigilancia en las instituciones de seguridad pública”.
El proyecto de ley incluye capítulos sobre disposiciones generales; diseño y homologación; y uso de tecnología de vigilancia. En este último aspecto, se propone la implementación de cámaras corporales (bodycams) para reforzar la transparencia, la seguridad y la confianza ciudadana en los operativos.
Durante el debate, la legisladora Gema Dueñas recordó que el artículo 296 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona la contravención por usurpación de uniformes e insignias. Por su parte, el legislador Gerardo Machado respaldó la propuesta y destacó la necesidad de ampliar su contenido.
La legisladora Mariana Yumbay consideró que la normativa debe fortalecer la seguridad jurídica y contribuir a resolver los problemas existentes, materializando los derechos ciudadanos.
A su vez, la legisladora Jhajaira Urrestra puntualizó que, además del artículo 296, el COIP contempla el artículo 212, relacionado con la suplantación de identidad. Actualmente, incluso en tiendas comerciales se oferta armamento y artículos de logística militar y policial, advirtió.
También intervinieron los legisladores Francisco Cevallos, Jahiren Noriega, Camila Cueva y Andrés Castillo, quienes se pronunciaron sobre la pertinencia de que esta normativa forme parte de un cuerpo legal específico o se integre a otro ya existente.
En este contexto, la presidenta de la comisión, Inés Alarcón, recordó que la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional incluyó el artículo 362.1 en el COIP, que establece: “La persona que, para el cometimiento de un delito, utilice uniformes de uso exclusivo de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y/o de las entidades establecidas en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP), será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
AM
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