Por unanimidad, la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad aprobó la resolución presentada por el asambleísta Gustavo Mateus, mediante la cual se dispone la fiscalización integral del proceso electoral de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, por posibles vulneraciones a derechos colectivos, omisiones administrativas y falta de coordinación institucional entre varios organismos del Estado.
La resolución aprobada se fundamenta en la denuncia presentada por representantes del sector artesanal y dispone la comparecencia obligatoria del Ministerio de Trabajo, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Finanzas y la propia Junta Nacional del Artesano, así como de delegaciones gremiales y artesanos afectados, además de requerir toda la información institucional disponible relacionada con los hechos denunciados.
Durante la sesión se recibió, en comisión general, a Gustavo Lara, representante del colectivo Artesanos de Corazón, quien expuso las consecuencias de la paralización indefinida del proceso electoral correspondiente al período 2023–2025 y alertó que la suspensión, vigente desde hace más de 26 meses, ha dejado al gremio artesanal sin representación legítima, afectando su desarrollo e institucionalidad.
Denunció además la pérdida de documentos electorales y la permanencia irregular de autoridades cuya gestión ya ha concluido. En ese sentido, pidió un pronunciamiento inmediato de las autoridades competentes, así como la pronta reanudación del proceso electoral bajo principios de legalidad y transparencia.
En otro punto del orden del día, la mesa legislativa recibió en comisión general a Víctor Erreyes y Pedro Yangol, representantes de los afectados por la liquidación de la empresa Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda., quienes expusieron graves afectaciones económicas y jurídicas que enfrentan más de 6.000 ciudadanos en todo el país.
Erreyes, abogado en libre ejercicio, indicó que, pese a que la Fiscalía no ha encontrado responsabilidad penal en el caso de presunta captación ilegal de dinero, más de 8 millones de dólares permanecen bloqueados sin ser restituidos a sus legítimos propietarios. Asimismo, denunció la inacción de los liquidadores y vulneración a derechos constitucionales, por lo que solicitó una investigación parlamentaria exhaustiva.
Por su parte, Yangol relató el impacto social de la retención de fondos, muchos de los cuales provienen de préstamos, hipotecas y ahorros familiares. Advirtió que, aunque existía una sentencia que ordenaba la devolución del dinero, la Fiscalía pidió su anulación, generando mayor incertidumbre jurídica. Rechazó categóricamente la posibilidad de redestinar los fondos a otros fines, y exhortó a la Asamblea Nacional a intervenir con urgencia para restituir el patrimonio de miles de familias afectadas.
La Comisión reiteró su compromiso con la fiscalización y defensa de los derechos de la ciudadanía y anunció que dará seguimiento a ambos casos con total responsabilidad y transparencia.
MEV
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