La Comisión de Fiscalización y Control Político, este martes, 22 de julio, recibió al asambleísta Fernando Jaramillo y a la vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Solanda Goyes Quelal, proponente y funcionaria cuestionada, quienes presentaron las pruebas de cargo y de descargo, en su orden, en la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Goyes, por incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la ley.
Fernando Jaramillo justificó el juicio político en el incumplimiento de funciones de la vocal Solanda Goyes, quien en la sesión del Pleno del Consejo, de 16 de abril de 2025, luego de instalada, abandonó la sala de manera abrupta e injustificada, reunión en la cual se debía aprobar el Reglamento para la creación de judicaturas y jueces especializados en materia constitucional, con el propósito de frenar el uso abusivo de las garantías constitucionales, sobre todo en el caso de personas procesadas o sentenciadas por delincuencia organizada.
Añadió que tampoco asistió a cuatro sucesivas convocatorias para la reinstalación de la referida sesión, pues solo en la quinta convocatoria a la continuación de la sesión antes indicada, esto ya el 30 de abril, asiste y vota a favor del Reglamento. Dijo que haber votado, en la quinta convocatoria, no subsana el incumplimiento de funciones, sabiendo que su presencia era indispensable para mantener el cuórum legal de la sesión.
Presentó las 12 pruebas anunciadas en la solicitud de juicio político, con lo cual argumentó que queda evidenciado el incumplimiento de funciones de la doctora Solanda Goyes Quelal, por lo cual corresponde a la Asamblea Nacional aprobar la correspondiente censura y destitución.
Mientras, la funcionaria cuestionada, Solanda Goyes, restó valor a la causal de juicio político porque no se puede atribuir la ausencia de una sesión de Consejo como la muestra de un incumplimiento de funciones, cuando se está juzgando a la persona que más ha trabajo en la institución para garantizar un cambio en la justicia y, particularmente, en lo que atañe a la aplicación de los resultados del referéndum para que se nombren los jueces especializados en materia constitucional.
Recordó que el proceso no está supeditado solo a la aprobación de un Reglamento, es necesario considerar otros elementos que son parte de una planificación específica, lo cual incluye contar con infraestructura, con recursos económicos y con equipos técnicos que van a prestar su apoyo a los nuevos jueces especializados.
Solanda Goyes aseguró que lo fundamental en un proceso de interpelación es juzgar con lealtad y legalidad y, para que no se devalúe este mecanismo, debe ser planteado en contra del funcionario o la funcionaria que no haya trabajado. En este caso, dijo, desde su vocalía ha desarrollado diversas actividades para mejorar el sistema de justicia en Ecuador, razón por la cual siente que este juicio político sería una suerte de presión para que deje de atender los casos relevantes que esperan respuesta en la judicatura.
Concluida esta fase, en los próximos días, la comisión valorará las pruebas aportadas al proceso, como paso previo para emitir el informe motivado por el cual recomendará al Pleno el juicio político o el archivo de la solicitud.
EG
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