Dentro del análisis del proyecto de Ley que Promueve el Reconocimiento y Empoderamiento de la Mujer Rural, María Gabriela Montalvo, representante de ONU Mujeres, destacó la importancia de contar con una normativa que garantice los derechos de las mujeres rurales, y resaltó el esfuerzo de la Asamblea Nacional por incluir este tema en su agenda legislativa.
En la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, la representante de la Organización Internacional señaló que la política pública para mujeres rurales está más avanzada que la propia estrategia, ya que se trata de un instrumento intersectorial que define de manera clara los objetivos relacionados con el desarrollo, empoderamiento e igualdad de este grupo poblacional.
Montalvo enfatizó que entre los principales objetivos de esta política se encuentran: promover el empoderamiento económico sostenible de las mujeres rurales; facilitar su acceso a programas de alfabetización; garantizar sus derechos a la salud integral y la nutrición; asegurar el acceso equitativo a los recursos naturales; así como ampliar su participación y representación en todos los ámbitos, especialmente en el sector agrícola.
Manifestó que la propuesta legislativa recoge los principios y finalidades establecidos en la estrategia, pero es necesario aclarar los mecanismos y responsabilidades para alcanzar los objetivos. Recomendó que la ley incluya documentos más amplios, pero a la vez concretos, que permitan hacer efectivos los lineamientos de la política pública.
Por su parte, Isabel Mejía, representante del Ministerio de Agricultura, recordó que en 2019 se realizó un diagnóstico sobre la situación de las mujeres rurales, y que, en 2020, mediante Acuerdo Ministerial, se expidió la Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales, herramienta que ha sido el eje del trabajo en el sector agropecuario.
Informó que actualmente se encuentra en proceso la evaluación de dicha estrategia, tanto en su implementación como en su diseño. Sin embargo, reconoció que faltó articulación interinstitucional, por lo que en 2024 se propuso elevar esta estrategia a una política intersectorial agropecuaria para mujeres rurales. Desde entonces, se trabaja en mesas técnicas con 14 instituciones enfocadas en este sector.
El asambleísta Gustavo Mateus expresó que este proyecto representa una oportunidad para saldar una deuda histórica con las mujeres rurales, y sugirió que en una próxima sesión se escuche directamente a quienes habitan en las zonas rurales. Comentó que, durante un recorrido por la llamada "ruta escondida", pudo constatar que las mujeres no solo exigen políticas agrarias inclusivas, sino también acceso a salud, educación, empleo digno y respeto a sus formas de organización comunitaria.
Mateus subrayó que el proyecto debe incorporar principios como la interculturalidad, el respeto a la democracia comunitaria, y reconocer a la mujer rural no como víctima, sino como protagonista de la soberanía alimentaria y de la preservación de los saberes ancestrales.
Finalmente, el presidente de la Comisión, Jaime Estrada, informó que el fin de semana se trasladaron a varios sectores rurales de la provincia de Manabí para promover y socializar el proyecto de ley. Durante la visita recogieron diversas necesidades que no habían sido consideradas, por lo que subrayó la importancia de realizar las mejoras pertinentes al documento legislativo.
Al suspender la sesión, agradeció la participación de Mauricio Coba y Nexarin Cedeño, representantes de la Red Mundial de Jóvenes Políticos del Ecuador, quienes participaron como asambleístas por un día.
RSA
