Ante la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, en el marco del análisis al proyecto de Ley Orgánica del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, comparecieron Ismael López, en representación del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y Ricardo Solís, presidente de la Asociación de Agentes de Seguridad Penitenciaria.
López, abogado de la Dirección de Asesoría Jurídica del SNAI señaló que la autonomía del Cuerpo de Seguridad, pretendida en el proyecto normativo, no es jurídicamente viable “ya que significaría desarticular la cadena de responsabilidad institucional y debilitar el control y la cadena de mando de esta cartera de Estado”.
Además, detalló que “esto generaría duplicidad de funciones y la consiguiente desnaturalización de su rol operativo y de seguridad al interior de los centros de privación de la libertad, y vulneraría el principio de legalidad y eficiencia administrativa”, dijo.
Por otra parte, Solís insistió en la necesidad de contar con autonomía administrativa, judicial y financiera. “No podemos seguir regulados por una institución que ha descuidado al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia”.
Denunció que la actual administración del SNAI no ha tomado medidas sobre la seguridad de sus miembros, salvo bajo la presentación de medidas legales como acciones de protección. “Necesitamos autonomía por la sencilla razón de que nuestra institución no tiene orden y se ha vuelto el hospital geriátrico de policías y militares que, una vez cumplidos sus años de servicio, son elegidos para dirigirla”, sostuvo.
Detalló también que, desde el 2014, mediante acuerdo interinstitucional entre el entonces Ministerio de Justicia y la Policía Nacional, se le retiró toda autoridad al guía penitenciario. Al respecto, dijo que “a pesar de que la competencia de manejar y controlar filtros de ingreso a las cárceles es de la policía, se sigue culpando al guía penitenciario por el ingreso de armas”.
Durante el espacio de preguntas, los legisladores que integran la comisión manifestaron sus preocupaciones sobre el estado actual de los centros de privación de la libertad en el Ecuador, la ejecución de diagnósticos específicos sobre las principales problemáticas que los agentes penitenciarios enfrentan en el marco del conflicto armado interno y militarización de las prisiones.
Jairen Noriega, puntualizó sobre el número de guías penitenciarios a cargo de la totalidad de personas privadas de la libertad a nivel nacional y sobre la existencia de una matriz de riesgos que permita justificar la jubilación anticipada de los miembros de este Cuerpo de Seguridad y Vigilancia.
Finalmente, Inés Alarcón, presidenta de la mesa legislativa, solicitó a los asambleístas remitir todas sus preguntas por escrito a fin de canalizarlas a las autoridades competentes y obtener respuestas que permitan construir una normativa eficaz para el control efectivo de los centros de privación de la libertad.
CV
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