El Pleno de la Asamblea Nacional, con 78 votos afirmativos, archivó las reformas a la Ley que establece rentas en favor de las provincias de Azuay, Cañar Morona Santiago y Tungurahua por venta de Energía Eléctrica (Decreto Ley 047); incluyendo a Santo Domingo de los Tsáchilas en las Regalías de la Hidroeléctrica Toachi-Pilatón, por cuanto la iniciativa carece de competencia legislativa válida, ya que solo el Presidente de la República puede presentar proyectos que incrementen el gasto público.
La asambleísta Nathaly Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control, ponente del informe, explicó que si bien es importante atender las demandas de la ciudadanía, no es menos cierto que los representantes del pueblo deben decir la verdad. En este caso, el proyecto contiene varias inconsistencias e inclusive vicios de constitucionalidad, puesto que transgrede una facultad exclusiva del Presidente de la República y la prohibición expresa de crear nuevas preasignaciones.
Añadió que, de continuar con el trámite de este proyecto y su aprobación, se generaría una falta de sostenibilidad para el fisco, ya que los recursos que actualmente corresponden a las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por venta de energía eléctrica, conforme lo establece el Decreto Ley 047, no pueden ser disminuidos. De esta manera, dijo, se preservará el respeto al mandato constitucional y legal, la seguridad jurídica y la sostenibilidad presupuestaria.
La Comisión concluye que el contenido del proyecto excede las competencias del proponente respecto a plantear iniciativas que implican el aumento en el gasto público; que el régimen de asignaciones establecido en el Decreto Ley 047 se encuentra protegido constitucionalmente, conforme lo dispuesto en la Vigésimo Octava Disposición Transitoria de la Constitución de la República; y, que por disposición constitucional, ninguna norma o autoridad puede disminuir las asignaciones presupuestarias y rentas de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua.
Durante el debate, en el cual intervinieron cinco asambleístas, hubo criterios a favor de esta iniciativa, porque no afectaría a los bolsillos de los ecuatorianos. Asimismo, se formularon comentarios en el sentido de que la propuesta debe partir del Ejecutivo, como mandan la Constitución y la ley, no de los asambleístas, lo cual podría generar también una clara distorsión normativa.
EG
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